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Ciudad De México, 05 de abril de 2026.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazó las conclusiones del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) sobre México. El organismo sostuvo que la decisión del comité de pedir al secretario general de la ONU que remita el caso a la Asamblea General parte de una lectura sesgada, contradictoria y sin perspectiva histórica ni internacional.
La CNDH afirmó que el comité basó su decisión en peticiones de ONG y colectivos de familiares, privilegiando posturas de organizaciones como el Centro Prodh por encima de los esfuerzos institucionales, financieros y presupuestales del Estado mexicano en los últimos siete años. Además, acusó al CED de ignorar los artículos 30 y 31 del tratado, relativos a las condiciones para su intervención, y argumentó que debieron agotarse primero las instancias nacionales previstas en la convención internacional.
En cuanto a las cifras, la CNDH aseveró que los casos de desaparición forzada “han venido descendiendo desde 2018, hasta prácticamente desaparecer”. La comisión sostuvo que las desapariciones forzadas como política de Estado corresponden a los periodos de la ‘Guerra Sucia’ (1951-1990) y de la ‘guerra contra el narcotráfico’ (2006-2012), mientras que los casos recientes exigen ordenar las búsquedas y fortalecer a las instituciones encargadas de localizar a las víctimas.
Por su parte, el Gobierno mexicano tachó el informe del CED de “tendencioso” y con “falta de rigor jurídico”. La CNDH consideró que el Comité de la ONU sobre la Desaparición Forzada es un grupo de expertos que actúan a título personal en su informe y rechazó la propuesta de cooperación técnica, asistencia especializada, apoyo financiero y un mecanismo especial de esclarecimiento del comité, al considerar que reproduce fórmulas externas que no mejoraron antes la situación de derechos humanos en el país.
En contraste, el colectivo ‘Glorieta de las y los Desaparecidos’ exigió respuestas claras por parte del gobierno federal tras la publicación del informe de la ONU. El colectivo señaló que no existen motivos para que el gobierno mexicano tome una postura defensiva ante el informe y pidió al Estado que atienda las recomendaciones de la ONU en materia de desaparición.
El colectivo denunció que las desapariciones forzadas son actos de lesa humanidad y destacó que en el informe del CED se subraya que esfuerzos del Estado han resultado ineficaces e insuficientes, lo que se traduce en una impunidad casi absoluta. Según el colectivo, el Comité toma como propios los indicios de la magnitud del fenómeno basándose en las cifras oficiales: más de 132,400 personas desaparecidas y la crisis de 72,000 restos humanos sin identificar en más de 4,500 fosas.
Amnistía Internacional celebró la decisión del comité, pidió aceptar la cooperación internacional y advirtió que la crisis afecta a más de 132,000 familias. Mientras tanto, la CNDH arremetió contra ONG que, según dijo, lucran y politizan el tema, y recordó que desde 2023 ha advertido del uso faccioso de las cifras de personas desaparecidas.
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