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Ciudad De México, 08 de abril de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó dos recursos del empresario Ricardo Salinas Pliego para impedir la participación de dos ministras en la resolución del amparo en revisión 492/2023 contra las facultades de la UIF. El asunto fue programado a discusión mañana en el pleno, con proyecto del ministro Giovanni Figueroa Mejía, quien propone sobreseer el recurso del empresario.
De aprobarse el proyecto, la UIF conservaría su facultad para acceder a información patrimonial y financiera con fines de supervisión y combate a delitos como lavado de dinero y terrorismo. Asimismo, la UIF podrá continuar por hasta 10 años el análisis de información bancaria del dueño de Grupo Salinas solicitada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en diciembre de 2021 junto con la de otros 78 empresarios.
La Corte notificó el pasado lunes, en listas electrónicas, que Salinas Pliego interpuso dos recursos de impedimento contra las ministras Loretta Ortiz Ahlf y María Estela Ríos González. Con dichos recursos, suman 10 los interpuestos contra diversos ministros, incluidos integrantes de la anterior conformación del tribunal.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que la Unidad de Inteligencia Financiera inmovilice cuentas bancarias sin orden judicial cuando existan indicios de recursos ilícitos. No obstante, la Corte determinó que los argumentos del promovente evidencian que se hace valer con el propósito de dilatar o entorpecer la resolución del amparo en revisión, por lo que se impone desecharlo de plano.
En declaraciones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló: “Se estima que no es viable sustanciar el incidente de recusación planteado, pues los argumentos del promovente evidencian que se hace valer con el propósito de dilatar o entorpecer la resolución del amparo en revisión, por lo que se impone desecharlo de plano”.
Jorge Sepúlveda, primer vicepresidente de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, advierte que esta medida otorga amplias facultades a una autoridad administrativa, sin garantizar plenamente el derecho de audiencia previo. Grupo Salinas ha desplegado en los años recientes, ante la SCJN, una estrategia de recursos legales –principalmente recusaciones de ministros– en los juicios que ha promovido.
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