Nuevo Laredo, 14 de abril de 2026.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó este 14 de abril de 2026 a seis objetivos vinculados al Cártel del Noreste (CDN), entre los que figuran dos casinos, una empresa operadora y tres personas físicas. Las sanciones recaen sobre el Casino Centenario, ubicado a menos de cuatro kilómetros de la línea fronteriza en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y el Diamante Casino, con sede en Tampico, ambos operados por Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de C.V. (CAMSA).
Según la OFAC, el Casino Centenario es utilizado por el CDN como bodega de pastillas de fentanilo y cocaína, vehículo para el lavado de recursos ilícitos y espacio para torturas e intimidación de presuntos enemigos del cártel. La red también incluye un sitio de apuestas en línea bajo el nombre Diamante. El Departamento del Tesoro determinó que estos negocios de entretenimiento funcionaban como fachadas operativas para blanquear activos y avanzar en el dominio criminal del CDN sobre la plaza de Nuevo Laredo.
Entre las personas sancionadas destaca Eduardo Javier Islas Valdez, alias ‘Crosty’, señalado como responsable de las operaciones de tráfico de personas del CDN en Nuevo Laredo. La investigación indica que Islas Valdez supervisa a los llamados ‘pateros’, otorga permisos para el cruce de migrantes por el río Bravo hacia Texas y controla casas de almacenamiento de efectivo en la ciudad fronteriza. Fue identificado como asociado cercano de Abdón Federico Rodríguez García, segundo al mando del CDN, quien fue designado por la OFAC en agosto de 2025.
La acción también alcanzó a Juan Pablo Penilla Rodríguez, un abogado defensor al que la OFAC acusa de prestar servicios ilegales al CDN “más allá del alcance de una relación normal de cliente – abogado”. Penilla Rodríguez representa a Miguel Ángel Treviño Morales, alias ‘Z-40’, actualmente bajo custodia de Estados Unidos. Documentos del Gobierno de Tamaulipas lo habían listado como asesor honorífico del gobernador Américo Villarreal, aunque el año pasado la administración estatal negó cualquier relación e indicó que dicho documento “quedó anulado tras una valoración de las propuestas de las organizaciones civiles”.
Asimismo, fue designado Jesús Reymundo Ramos Vázquez, descrito por el Tesoro estadounidense como un asociado del CDN que lidera una campaña de desinformación contra autoridades mexicanas mientras posa como activista de derechos humanos. La OFAC señaló que, “bajo el disfraz de activismo, Ramos solo litiga para miembros violentos del cartel por reclamos falsos contra militares mexicanos, pagando individuos para ir a protestas, y proteger reputaciones de miembros del CDN caídos o arrestados”.
En respuesta, la Secretaría de Hacienda en México, a través de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), informó que ha realizado el análisis financiero, fiscal y corporativo de los sujetos señalados. La UIF detectó inconsistencias entre los montos operados y los ingresos reportados, así como movimientos significativos de efectivo que no corresponden con la actividad económica declarada. La dependencia presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República y compartió la información con la Secretaría de Gobernación para la suspensión de actividades de los establecimientos identificados.
Scott Bessent, titular del Departamento del Tesoro de EE.UU., declaró: “El presidente Trump ha sido claro: el Tesoro usará todas las herramientas disponibles para proteger a la nación de los violentos cárteles que buscan aterrorizar a ciudadanos inocentes”. Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien participó el 13 de abril de 2026 en un taller dirigido a autoridades mexicanas, destacó que “combatir el lavado de dinero no es solo un tema técnico, es una prioridad estratégica para desmantelar las redes financieras que sostienen a los cárteles”.
Johnson añadió que, “a través de una sólida cooperación impulsada por el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, vamos tras las redes criminales en su totalidad, cortando sus recursos, interrumpiendo sus operaciones y dando resultados reales para que nuestra gente esté más segura”. Esta representa la tercera acción de la OFAC contra líderes y afiliados del CDN durante la administración Trump.
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