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Caracas, 28 de junio de 2026.- Hasta 6.8 millones de personas, lo que representa una cuarta parte de la población total de Venezuela, podrían haberse visto afectadas por los terremotos que sacudieron el país esta semana, según estimaciones de organismos internacionales.
Los daños directos alcanzarían los 6,700 millones de dólares, cifra equivalente al 6% del producto interno bruto nacional. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señaló que estos sismos afectaron importantes centros de población y actividad económica.
De acuerdo con el análisis inicial de imágenes por satélite realizado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el 31.5% de los edificios en Catia La Mar, localidad de Caracas, ha sufrido daños. Las proyecciones de la OIM incluyen a hasta 2 millones de personas únicamente en la capital venezolana.
El PNUD precisó que la estimación de 6 mil 700 millones de dólares corresponde a “pérdidas en viviendas y activos económicos”. La organización aclaró que “esto no incluye los daños a infraestructura, la perturbación económica más amplia ni los costos de reconstrucción a largo plazo”. Además, se indicó que el impacto económico total podría ubicarse entre 1.5 y 3 veces el costo de los daños directos.
Amy Pope, directora de la OIM, declaró que “ya es evidente que el desplazamiento aumentará a medida que las personas busquen seguridad”. Agregó que “una respuesta rápida es esencial para proporcionar asistencia humanitaria vital y apoyar al pueblo de Venezuela en los difíciles días y meses que se avecinan”.
Las necesidades humanitarias son descritas como apremiantes para las familias que lo han perdido todo, requiriendo refugio de emergencia, agua potable, saneamiento e higiene, atención sanitaria, protección y artículos básicos de socorro. Actualmente, las operaciones de búsqueda y rescate siguen siendo la prioridad inmediata.
Sobre el futuro de la zona, la OIM indicó que “la recuperación requerirá una inversión sostenida para ayudar a las familias a reconstruir sus vidas, restablecer los servicios esenciales y fortalecer la resiliencia comunitaria”.
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