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Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- A un año exacto de la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el organismo sucesor Transparencia para el Pueblo ha resuelto 5,921 recursos de revisión desde marzo de 2025, lo que representa una caída superior al 88% respecto a las 53,233 resoluciones que emitió el INAI durante 2024.
La reforma a la Ley Federal de Transparencia que eliminó al INAI fue publicada el 20 de marzo de 2025, y Transparencia para el Pueblo comenzó a operar en junio de ese mismo año. Durante enero a marzo de 2025, el extinto INAI resolvió más de 8,000 recursos de revisión, mientras que en 2024 recibió un millón de solicitudes de información.
Julieta del Río, excomisionada del INAI, señaló que no hay manera de evaluar al nuevo órgano de rendición de cuentas debido a la falta de datos sobre su desempeño. La declaración surge en un contexto donde el medio de comunicación La Silla Rota solicitó la transparencia del contrato INE/050/2025 mediante un recurso de revisión.
El Instituto Nacional Electoral intentó reservar la información de dicho contrato por cinco años, argumentando que su equipo de seguridad no se había actualizado desde 2008 y que su funcionamiento no era adecuado para las condiciones actuales de violencia contra el órgano electoral. El contrato incluye más de 300 cámaras para ocho edificios y 32 juntas locales.
Sin embargo, el Órgano Interno de Control determinó que el contrato no revela aspectos técnicos ni detalles de infraestructura que pudieran poner en riesgo la seguridad nacional ni la vida, seguridad o salud de persona física alguna, por lo que revocó la reserva de información ordenando su publicación.
Esta contradicción entre el INE y el OIC pone en evidencia las tensiones existentes en el nuevo esquema de transparencia tras la desaparición del INAI. El organismo electoral mantuvo su postura de que la información era de seguridad nacional, mientras que el órgano de control interno concluyó que no existían riesgos que justificaran la reserva.
No se especifica qué parte exacta del contrato del INE debe ser publicada según la orden del OIC, ni los costos específicos que el instituto debe transparentar del acuerdo con la empresa Verkada. Tampoco hay cifras disponibles sobre cuántas solicitudes de información ha recibido Transparencia para el Pueblo desde su creación.
El caso del contrato de videovigilancia del INE se convierte en el primer test significativo para el nuevo sistema de transparencia mexicano, que opera sin el organismo autónomo que funcionó durante dos décadas como garante del acceso a la información pública.
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