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Por Redacción
Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- La abatimiento de cuatro presuntos criminales, entre ellos un líder identificado como ‘El Joker’, en un operativo de la Policía Estatal de Colima contrasta con la persistente debilidad estructural de las corporaciones locales y un episodio de violencia urbana en Iztapalapa que dejó un muerto y cinco lesionados. Los hechos ocurrieron en la comunidad de El Alpuyequito, municipio de Colima, donde las autoridades enfrentaron a un grupo armado presuntamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según reportes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad. En el mismo operativo, resultó herido un elemento policial, en un contexto donde un agente fue asesinado el pasado 27 de febrero.
De manera paralela, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, un ataque con arma de fuego en el cruce de la Calle 4 y avenida Uno Poniente, colonia Renovación, provocó la muerte de un hombre de 40 años y lesiones a otras cinco personas, incluyendo dos mujeres y dos hombres, uno de ellos un niño de 5 años. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX detuvo a tres personas –una mujer y dos hombres– quienes portaban más de 50 dosis de aparente droga, aunque aún se investiga su posible vínculo directo con el ataque.
Estos eventos de fuerza letal y violencia callejera ocurren en medio de un análisis crítico sobre la capacidad institucional de las policías municipales y estatales. Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, señaló que existe una debilidad estructural crónica en estas corporaciones, marcada por problemas de capacitación, equipamiento y, en muchos casos, infiltración del crimen organizado. Esta fragilidad ha llevado a una dependencia de la coordinación federal y al uso de militares en cargos civiles de seguridad como medida de contención.
En otro frente de la política de seguridad, durante un foro organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Sergio Guerrero Olvera, advirtió sobre los riesgos de la violencia digital, especialmente en períodos electorales. Aunque no detalló las acciones específicas, el magistrado llamó a implementar medidas de defensa contra este tipo de agresiones que buscan intimidar a candidatos, funcionarios y periodistas.
La respuesta gubernamental a estos desafíos multidimensionales ha sido enfatizar la coordinación. La presidenta Claudia Sheinbaum ha destacado el trabajo del Gabinete de Seguridad, buscando presentar una estrategia unificada frente a la criminalidad. Sin embargo, los especialistas insisten en que, sin una reforma profunda que fortalezca profesionalmente a las policías locales, dotándolas de mejores salarios, entrenamiento continuo y mecanismos robustos de control interno, los operativos de alto impacto seguirán siendo respuestas reactivas a un problema de raíz estructural.
El contexto político y social muestra una seguridad pública bajo presión constante, donde la capacidad disuasoria del Estado se mide tanto en enfrentamientos armados en zonas de alta conflictividad como en su habilidad para prevenir y resolver crímenes violentos en las grandes urbes, todo ello en un entorno donde las amenazas también se han trasladado al espacio digital.
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