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Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el envío al Senado de la República de una iniciativa para expedir la Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el delito de feminicidio, con el objetivo de homologar criterios en todas las fiscalías del país y combatir la impunidad. Durante la conferencia de prensa, la mandataria destacó que la nueva legislación permitirá desarrollar políticas públicas enfocadas en la prevención de estos crímenes.
Ernestina Godoy, fiscal general de la República, detalló que el proyecto fue construido en conjunto con la Secretaría de las Mujeres. La propuesta establece penas de prisión de 40 a 70 años para quienes cometan este delito, incluye la sanción de la tentativa y contempla 21 agravantes. La iniciativa busca que todas las muertes violentas de mujeres sean investigadas inicialmente bajo la hipótesis de feminicidio y con perspectiva de género, evitando clasificaciones erróneas como suicidios u otros delitos.
El anuncio se produce en un contexto de violencia persistente contra las mujeres. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se han registrado 54 feminicidios en lo que va de 2026. Los estados con mayor concentración de estos casos son Sinaloa, con ocho reportes, seguido de la Ciudad de México, el Estado de México y Tamaulipas, cada uno con cuatro víctimas.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, expresó su apoyo total a la iniciativa legislativa. El legislador aseguró haber conversado previamente con la Presidenta sobre esta intención y confirmó que la bancada de su partido respaldará sin duda la propuesta una vez que llegue al Congreso. Se espera que la iniciativa sea enviada formalmente al Senado durante este martes.
La creación de esta Ley General representa un esfuerzo por unificar el tipo penal de feminicidio en todo el territorio nacional, obligando a las autoridades a actuar con protocolos estandarizados. La medida surge tras la preocupación social generada por casos recientes, como la desaparición de la estudiante Kimberly Joselin Ramos Beltrán en Morelos, y busca garantizar que las investigaciones se realicen con los criterios necesarios para evitar la revictimización y la impunidad.
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