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Por Redacción
Ciudad de Mexico, 10 de agosto de 2026.- Durante la emisión de Aristegui en Vivo se discutieron diversos temas de actualidad nacional e internacional, destacando las declaraciones del presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Jorge Esteve Recolons, quien pidió a Estados Unidos sustentar con evidencia científica cualquier señalamiento sobre contaminación de alimentos mexicanos. Lo anterior ocurre en medio de una investigación por un brote de salmonela relacionado con jalapeños, cuyo retiro de productos por parte de Taylor Farms fue descrito como voluntario y preventivo mientras continúan las indagatorias.
En materia de seguridad y relaciones internacionales, el periodista Jesús Esquivel informó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, impulsa a Lila Abed como representante de la SSPC en la Embajada de México en EE.UU. Esta propuesta plantea cuestionamientos sobre un posible conflicto de interés, dado que el esposo de Abed, Andrew Lloyd, trabaja en una empresa contratada por el gobierno de Donald Trump para ejecutar el programa de autodeportaciones. Por otro lado, Jorge Esteve Recolons también alertó sobre el impacto de la extorsión en los productores de aguacate de Michoacán.
Respecto al caso de Brenda Quevedo, su abogada Karla Micheel Salas Ramírez afirmó que el expediente permanece desde hace años en un “limbo jurídico” y sostuvo que las pruebas de la acusación se han debilitado. Ángela Guerrero Alcántara informó que Quevedo continuará su proceso en libertad bajo tres medidas cautelares.
Desde Cali, el periodista Alejandro Meléndez reportó los efectos de un sismo de magnitud 7.4 registrado en Colombia, el cual provocó el desplome de varios edificios, activando labores de rescate y el traslado de personas a hospitales.
Finalmente, en el ámbito judicial, Javier Laynez Potisek, ministro en retiro de la Suprema Corte, advirtió que la nueva integración del máximo tribunal “va a ser irrelevante en muchos aspectos”. El jurista cuestionó la desaparición de las salas especializadas, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la ampliación de la prisión preventiva oficiosa.
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