e1c64dbdf8b84ae3b8ed2f52768aace2
Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes una reforma constitucional que permitirá la aplicación de la cadena perpetua, una medida impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele que rompe con una prohibición histórica en el país. La iniciativa, presentada con 57 firmas de diputados oficialistas, recibió 59 votos a favor y solo uno en contra en una sesión plenaria celebrada el 17 de marzo, donde el partido Nuevas Ideas, liderado por el presidente de la cámara Ernesto Castro, tiene una amplia mayoría de 60 curules.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, y la diputada oficialista Suecy Callejas fueron figuras clave en la promoción de la reforma, la cual se enmarca dentro de la estrategia de seguridad del gobierno salvadoreño. Esta política se ha desarrollado bajo un estado de excepción vigente desde marzo de 2022, prorrogado continuamente para combatir a las pandillas y el crimen organizado.
Según reportes de medios locales e internacionales, el proceso legislativo para esta modificación constitucional fue rápido y se llevó a cabo sin un estudio o debate previo profundo, reflejando el control casi absoluto del oficialismo en el órgano legislativo. La reforma aprobada forma parte de lo que algunas fuentes describen como un “paquete amplio de reformas” a otras leyes, aunque los detalles específicos de estas modificaciones adicionales no fueron desglosados durante la sesión.
Para que la cadena perpetua entre en vigor como figura legal en El Salvador, la reforma constitucional requiere ser ratificada en una futura sesión plenaria, cuya fecha concreta aún no ha sido anunciada. La identidad del único diputado que votó en contra, así como la de los dos legisladores de oposición que, según el diario El País, apoyaron la iniciativa, no fue revelada oficialmente durante la aprobación inicial.
Esta decisión marca un punto de inflexión en el sistema penal salvadoreño y ha generado debates sobre su impacto a largo plazo en los derechos humanos y el sistema de justicia del país. La medida es vista por el gobierno como una herramienta necesaria para judicializar a los líderes de las estructuras criminales, mientras que críticos advierten sobre posibles consecuencias en el estado de derecho.
About The Author
