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Por Redacción:
Ciudad de México, miércoles 24 de septiembre de 2025. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que el Comité de Apoyo Solidario para canalizar donativos a las víctimas de la explosión de la pipa bajo el Puente de la Concordia no se instalará por ahora: quedará pospuesto “hasta que la empresa responsable cubra íntegramente la reparación del daño” a todas las familias afectadas. La definición, difundida por su oficina y ratificada en conferencia, responde —dijo— a la prioridad de no sustitución de responsabilidades privadas con aportaciones ciudadanas y a evitar “malentendidos” sobre el destino de los recursos.
El giro llega cinco días después de que el propio Gobierno capitalino había anunciado la creación del Comité como mecanismo para recibir y administrar donaciones con participación de organismos y sociedad civil; hoy, Brugada precisó que esa figura quedará en reserva hasta que la gasera y sus aseguradoras cumplan con la reparación integral. Medios de alcance nacional reportaron en paralelo la suspensión/posposición del Comité y subrayaron que la mandataria ordenó mantener la asistencia gubernamental directa en salud, albergue y trámites.
En el telón de fondo, la tragedia sigue escalando en cifras: la Secretaría de Salud de la CDMX elevó anoche el saldo de fallecidos a 30, con 15 hospitalizados y 39 altas acumuladas; entre las víctimas recientes, medios identificaron a una joven de 21 años.
Brugada insistió en que la obligación primaria de reparar el daño recae en la empresa transportista y sus pólizas; sólo después de ese cumplimiento operacional se instalaría el Comité de Solidaridad para donativos voluntarios, a fin de acompañar procesos de rehabilitación, vivienda y gasto de largo aliento de las familias. La prensa subrayó que la mandataria pidió evitar la impunidad y se comprometió a vigilar que la compañía pague todo, incluyendo proyectos de vida truncados y daños materiales.
Mientras tanto, el gobierno capitalino mantiene módulos de atención para entrevistas y acreditación de víctimas —paso clave para la reparación— y coordina con hospitales públicos y de alta especialidad la atención de grandes quemados y lesionados por inhalación; incluso una menor fue trasladada a un centro en Estados Unidos días atrás. Aunque algunos portales difundieron cifras iniciales erróneas, sirve como referencia útil la ubicación de los módulos que se comunicó en noticieros y plataformas de servicio.
En paralelo, la discusión pública gira sobre dos carriles: por un lado, la responsabilidad penal y civil de la empresa (y posibles omisiones regulatorias) en un siniestro atribuido preliminarmente a exceso de velocidad y pérdida de control del autotanques; por el otro, el diseño de políticas para transportes de materiales peligrosos en zonas urbanas, tema que el propio Gobierno local puso sobre la mesa tras el accidente. El expediente penal sigue a cargo de la FGJ-CDMX, con hipótesis de homicidio, lesiones y daños culposos, y con peritajes sobre conducción, estado mecánico, ruta y cumplimiento de la norma.
Así, el mensaje político-administrativo de la jornada queda nítido: no habrá bote de propinas para sustituir seguros; primero, la empresa. Cuando —y si— ese piso quede cubierto, el Comité de Solidaridad operará como refuerzo adicional y transparente para lo que viene: rehabilitaciones, apoyos psicosociales y reconstrucción de vida de decenas de familias que hoy cuentan pérdidas irreparables. Hasta entonces, el Gobierno capitalino pide encauzar cualquier ayuda a través de los canales oficiales de atención a víctimas y mantener la exigencia a la compañía para el pago total de los daños.
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