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Por Redacción
Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- Los acreedores Cargill y Banco Afirme notificaron a la jueza concursal Ruth Huerta su oposición a la subasta de activos de Altos Hornos de México (AHMSA), argumentando que conservan el derecho de ejecutar sus garantías prendarias de manera autónoma. Juntos, ambos reclamos representan el 46% de la deuda total reconocida de la siderúrgica, ascendente a 45,170 millones de pesos, lo que pone en riesgo el proceso de venta para reactivar la empresa. La medida se da en el contexto de intentos de compra de AHMSA, donde el presidente de Afirme, Julio César Villarreal Guajardo, dueño también de Consorcio Villacero, ya intentó adquirirla en 2020.
Según la información presentada ante el juzgado, la deuda de AHMSA con Cargill asciende a 1,422 millones de UDI, equivalentes a aproximadamente 12,385 millones de pesos, mientras que la deuda con Banco Afirme es de 954 millones de UDI, unos 8,309 millones de pesos. La suma de ambos conceptos supera los 20,000 millones de pesos. Los acreedores sostienen que sus créditos están respaldados por garantías prendarias específicas sobre bienes de la empresa, por lo que consideran que deben ser cobrados de forma independiente al proceso concursal que busca vender AHMSA como un todo.
La jueza concursal a cargo del caso, Ruth Huerta, recibió la notificación de oposición de ambos acreedores, lo que deja en suspenso la posible subasta de activos que había sido impulsada como parte del proceso de concurso mercantil. Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre la identidad de los postores interesados en comprar la compañía ni sobre los bienes específicos que tienen la garantía prendaria a favor de Cargill y Afirme.
El contexto de la operación es complejo debido a los intereses cruzados. Julio César Villarreal Guajardo, presidente de Banco Afirme, es también el propietario de Consorcio Villacero, un grupo siderúrgico que en 2020 intentó sin éxito adquirir AHMSA. Esta conexión añade una capa de conflicto de intereses a la oposición presentada, ya que el bloqueo de la subasta podría estar orientado a facilitar una futura adquisición bajo condiciones más favorables para el grupo Villacero-AFirme.
La deuda total reconocida de AHMSA en el concurso mercantil asciende a 5,186 millones de UDI, es decir, unos 45,170 millones de pesos. Con el 46% de esta deuda en manos de dos acreedores que se oponen a la venta global, el proceso para reactivar la que fuera una de las principales siderúrgicas de México enfrenta un obstáculo legal significativo. No se ha dado a conocer la postura oficial de AHMSA ni de su controladora, Minera del Norte (Minosa), sobre este bloqueo.
El desenlace de esta disputa legal determinará el futuro de AHMSA y de sus miles de trabajadores. Si los acreedores logran ejecutar sus garantías de forma separada, la empresa podría ser desmembrada, dificultando aún más su reactivación integral. Por otro lado, si la jueza concursal determina que la subasta debe prevalecer, Cargill y Afirme verían limitada su capacidad de cobro inmediato. La resolución sentará un precedente importante para otros procesos concursales de grandes empresas en México.
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