Por Redacción
Ciudad de Mexico, 16 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este lunes un nuevo paquete de reformas electorales, conocido como “Plan B”, que será enviado al Congreso de la Unión para su análisis. La iniciativa, que surge tras el rechazo de una propuesta más ambiciosa la semana pasada, se enfoca en reducir el presupuesto de los congresos locales y los ayuntamientos, con el argumento de destinar los ahorros a obras públicas.
El anuncio se realizó durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional. Sheinbaum señaló que la propuesta busca eliminar “privilegios” en los legislativos estatales y en los municipios, aunque dejó fuera, por el momento, cambios al Instituto Nacional Electoral (INE), al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y al financiamiento de los partidos políticos a nivel federal, puntos que sí contenía el “Plan A” rechazado.
La iniciativa se enviará formalmente al Congreso este martes 17 de marzo. Para su aprobación, requerirá el visto bueno de al menos 17 congresos locales, dado que modifica la Constitución en materia de organización territorial. El “Plan B” representa una versión recortada de la reforma original, luego de que el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aliados de Morena, votaran en contra de la primera propuesta el pasado 11 de marzo.
Según datos citados en el análisis de la propuesta, el costo por legislador en algunos estados es elevado. Por ejemplo, en Baja California asciende a 34.8 millones de pesos, mientras que en Colima es de 5.1 millones. La iniciativa prevé reducir el número de diputados locales y regidores, así como recortar sus prestaciones. Se estima que los ahorros podrían alcanzar los 4 mil millones de pesos, los cuales, según la propuesta, serían “etiquetados” para infraestructura pública, aunque el mecanismo legal específico para ello aún no se ha detallado.
El contexto político indica que, con este movimiento, el gobierno federal busca reactivar su agenda de reforma electoral tras el revés legislativo, pero optando por una ruta más acotada y con menor resistencia política inicial. La oposición y algunos analistas han cuestionado que la medida no aborde la reducción del financiamiento a los partidos, uno de los puntos más polémicos de la discusión anterior. El debate en el Congreso de la Unión y posteriormente en los estados definirá el destino de esta nueva iniciativa.
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