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Ecatepec, 27 de marzo de 2026.- Un total de 53 centros de rehabilitación para el tratamiento de adicciones, conocidos como anexos, fueron clausurados o asegurados en los municipios de Ecatepec y Naucalpan, Estado de México, tras una serie de operativos de inspección llevados a cabo entre el 13 y el 20 de marzo. La acción gubernamental, instruida por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, permitió localizar a mil 599 personas en dichos inmuebles, de las cuales mil 518 ya fueron reintegradas con sus familias.
De acuerdo con el reporte oficial, 29 de los establecimientos sancionados se ubican en Ecatepec y 24 en Naucalpan. Durante las visitas de verificación, autoridades sanitarias y de protección civil detectaron condiciones de hacinamiento, insalubridad, almacenamiento de alimentos en mal estado y carencia de personal capacitado para atender a los internos. Como resultado del operativo, 80 personas fueron trasladadas a centros certificados para continuar su tratamiento, mientras que una persona fue externada de manera voluntaria.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que ocho trabajadores de estos centros fueron detenidos. Las investigaciones preliminares indican que los inmuebles asegurados no cumplían con los requisitos legales y sanitarios, y existían indicios de su vinculación con delitos como privación ilegal de la libertad, así como violencia física y psicológica contra los residentes.
Adicionalmente, la autoridad ministerial señaló que algunos de estos anexos funcionaban como refugio para grupos delictivos o puntos de venta de drogas, donde se obligaba a los internos a participar en actividades ilícitas. La estrategia formó parte de la “Estrategia Integral para la Prevención y el Adecuado Tratamiento de las Adicciones”, coordinada a través de la Mesa de Paz con participación de los tres niveles de gobierno.
En la ejecución de los operativos participaron elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Comisión de Búsqueda de Personas, el DIF estatal y la Coprisem. La gobernadora Delfina Gómez Álvarez enfatizó que la medida busca regularizar el funcionamiento de estos centros y garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas que buscan superar la adicción, poniendo fin a modelos de atención basados en el encierro y la violencia.
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