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Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) dio inicio este 19 de marzo a un paro nacional de 72 horas, marcado por bloqueos en el Paseo de la Reforma y un plantón en el Zócalo de la capital, donde miles de docentes exigen la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de las UMAs y Afores en el sistema de pensiones, así como mejoras salariales.
Las acciones de protesta, que comenzaron aproximadamente entre las 8:00 y 10:00 horas, afectaron la movilidad en puntos neurálgicos de la ciudad y se replicaron en otros estados, incluyendo la toma de la caseta Tecate-Tijuana en Baja California. La Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana local reportó la intervención en las vías obstruidas, mientras la Subsecretaría de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno emitió comunicados sobre la situación a través de la red social X.
El impacto económico fue inmediato para los comerciantes de la zona centro. Locatarios del Zócalo reportaron una caída de alrededor del 80 por ciento en sus ventas durante el primer día de las manifestaciones. Gerardo Cleto López Becerra, presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño, se contó entre los involucrados que observaron los efectos del cese de actividades en el flujo de consumidores.
En medio de las protestas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció al magisterio, aunque argumentó limitaciones presupuestales para atender la totalidad de las demandas planteadas por la organización. En declaraciones previas, la mandataria destacó que durante su administración se ha logrado la basificación de un millón de profesores, cifra que contrasta con las exigencias actuales de la CNTE respecto a las condiciones laborales y de seguridad social.
Las demandas centrales de los maestros se enfocan en establecer un sistema solidario de pensiones y revertir los cambios legislativos de 2007 que, según los manifestantes, han precarizado sus derechos. A pesar de la presión ejercida con la amenaza de huelga, no se ha confirmado una respuesta oficial concreta de la Secretaría de Educación Pública (SEP) o de la Secretaría de Gobernación sobre la abrogación de la ley o los detalles específicos de las mejoras salariales solicitadas.
El conflicto mantiene tensa la relación entre el gobierno federal y la sección disidente del sindicato educativo, mientras se desarrollan las 72 horas de paro anunciadas. La situación permanece en vigilancia por parte de las autoridades locales y federales, quienes buscan canalizar el diálogo sin ceder ante las exigencias que, según la presidencia, exceden la capacidad financiera actual del Estado.
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