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Por Redacción
Ciudad de Mexico, 17 de marzo de 2026.- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciará un paro nacional de 72 horas y una marcha masiva del Ángel de la Independencia a Palacio Nacional este 18 de marzo, en demanda de mejoras laborales y la abrogación de la reforma educativa, lo que ha motivado un despliegue de seguridad con vallas metálicas de 2.5 metros de altura en el centro histórico capitalino. Las movilizaciones, que incluyen protestas en Chetumal, Tuxtla Gutiérrez, Chilpancingo, Valladolid, Mérida y Tijuana, mantendrán un plantón hasta el 20 de marzo.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX instaló las vallas perimetrales la noche del 16 de marzo, anticipando afectaciones viales significativas en el primer cuadro de la ciudad. El operativo busca evitar incidentes como los registrados en junio de 2025, cuando un plantón de 24 días de la CNTE derivó en manifestaciones violentas y la ruptura del diálogo con el gobierno federal.
En un comunicado oficial, la CNTE anunció el paro y la movilización, reactivando un conflicto que parecía atenuado tras el aumento salarial del 9% para el magisterio anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum a mediados del año pasado. Sin embargo, las demandas de fondo, relacionadas con la estructura laboral y la política educativa, permanecen sin resolverse.
El contexto histórico pesa sobre el nuevo ciclo de protestas. Medio año después del prolongado plantón de 2025, la desconfianza entre la base magisterial disidente y el gobierno federal persiste. Analistas señalan que la CNTE busca reposicionar su capacidad de movilización y presión ante la administración actual.
Hasta el momento, el gobierno federal no ha emitido una respuesta pública específica a las demandas planteadas para este nuevo paro. La atención se centra en el operativo de seguridad en la capital y en el desarrollo de las manifestaciones simultáneas en los estados del sureste y norte del país, donde la CNTE también tiene presencia fuerte.
El desenlace de esta movilización de 72 horas podría definir el tono de la relación entre el magisterio disidente y el gobierno en los próximos meses, en un escenario donde los reclamos por mejoras laborales y cambios en la política educativa siguen vigentes.
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