El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) afirmo que su Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, sí puede investigar denuncias anónimas, como la presentada contra el ministro en retiro Arturo Zaldívar.
Por lo tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será quien resuelva la denuncia anónima contra el ministro en retiro Lelo de Larrea, por la presunta comisión de acciones que pueden ser constitutivas de faltas administrativas y que vulnerarían la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación (PJF).
En un comunicado, el CJF aseguró que sí se pueden iniciar las indagatorias, a pesar de no incluirse pruebas. Las facultades están previstas en la reforma al artículo 132 del Acuerdo General del Pleno del CJF, publicada en 2020, cuando el ministro Zaldívar fue presidente del CJF.
“A partir de la reforma a dicho artículo, publicada en 2020, se prevé que si en las denuncias se señalan las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permiten advertir indicios de conductas probablemente constitutivas de responsabilidad administrativa, se podrá ordenar la práctica de investigaciones”, precisó el CJF.
Es decir, agregó, aún si a la queja o denuncia no se acompañan de pruebas, pero del contenido se advierten indicios circunstanciales de modo, tiempo y lugar, procede ordenar la investigación correspondiente. “Bajo este último supuesto, desde el 2018 se han iniciado investigaciones a partir de 362 denuncias anónimas”, asegura.
Puntualizó que en la regulación establecida en los artículos 91, segundo párrafo, y 93, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, también se establece la admisión de una denuncia anónima, a pesar de no incluirse pruebas.
Con esas facultades que posee la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, el día 9 del presente mes, la presidenta de la SCJN y del CJF, Norma Lucía Piña Hernández, permitió el ingreso de un escrito anónimo en el cual se denunció a diversos funcionarios, entre ellos, al ministro en retiro Arturo Zaldívar, por la presunta comisión de conductas que pueden constituir faltas administrativas.
Como se recordará, en el citado acuerdo se reconoció que el CJF no tiene competencia para investigar y, en su caso, sancionar los hechos imputados a un ex ministro, pero la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del CJF, notificó por oficio al máximo tribunal que es quien tiene esas facultades.
Por razón secretarial, el 10 de abril, la Secretaría General de Acuerdos de la SCJN incorporó la denuncia en cuestión a otras que se han presentado en casos distintos, ante lo cual el pleno del máximo tribunal del país resolverá lo conducente.
Por Abel López Jiménez.
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