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Veracruz, 24 de marzo de 2026.- Autoridades federales y organizaciones civiles presentan versiones contradictorias sobre el derrame de hidrocarburos que afecta la costa de Veracruz, donde se reporta un impacto en 630 kilómetros de línea costera. Mientras la Secretaría de Marina (SEMAR) indicó que no detectó manchas de hidrocarburo en sus patrullajes aéreos y Petróleos Mexicanos (Pemex) aseguró tener un avance del 85% en las labores de limpieza, Greenpeace México denunció que existen 26 sitios sin atención oficial y que el derrame continúa activo.
La controversia surge en medio de la movilización de múltiples dependencias, incluyendo la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Fiscalía General de la República (FGR), además de la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Las autoridades han descartado que Pemex sea el origen del derrame, aunque coberturas periodísticas y denuncias locales vinculan el evento a la industria petrolera en la zona; sin embargo, no se ha identificado concretamente a la empresa o barco responsable.
En cuanto a las acciones de recolección, la SEMAR informó haber retirado 30 kilogramos de material contaminante en la playa Mata de Uva y otros 300 kilogramos en la zona de El Faro, en el municipio de Alvarado. No obstante, la falta de un informe unificado sobre el avance real de la limpieza en todos los sitios afectados y la ausencia de resultados de laboratorio sobre el material recolectado mantienen la incertidumbre sobre la magnitud exacta del volumen derramado y la eficacia de la respuesta.
El evento impacta el Corredor Arrecifal del Suroeste, un Área Natural Protegida que abarca más de 1.1 millones de hectáreas en los estados de Veracruz, Tabasco y Campeche. Habitantes de comunidades pesqueras e indígenas como Pajapan, Tatahuicapan y Mecayapan han expresado su preocupación por los daños económicos y ambientales. Martina Beltrán, vecina de Tatahuicapan, y Esteban Hernández Hernández, representante de Arrecifes de Mecayapan, figuran entre los afectados que han levantado la voz, aunque las autoridades federales han asegurado que el incidente no afectará el periodo vacacional de Semana Santa.
Las discrepancias en las fechas de las primeras detecciones, mencionándose tanto el 2 como el 4 de marzo en distintos reportes, sumadas a la falta de una evaluación oficial detallada del impacto en los arrecifes, complican el panorama para las comunidades locales. La situación permanece en espera de datos concretos que permitan reconciliar las posturas oficiales con las denuncias de las organizaciones civiles y los residentes de la región.
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