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Por Redacción
Ciudad De México, 22 de marzo de 2026.- En el Senado de la República se discuten las implicaciones del llamado ‘Plan B’ de reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el cual incluye modificaciones a la regulación de la revocación de mandato. La propuesta ha generado cuestionamientos por parte de especialistas y legisladores, quienes exigen precisiones sobre el texto constitucional antes de definir su postura, mientras la mandataria confía en la aprobación de sus aliados.
Enrique Inzunza, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado, y Oscar Cantón Zetina, titular de la Comisión de Puntos Constitucionales, encabezan el análisis de la iniciativa en la cámara alta. El debate se centra en la redacción del artículo 35 constitucional, donde existen dudas sobre si el proceso de revocación deberá realizarse en el tercer o cuarto año del gobierno, así como sobre la facultad del titular del Ejecutivo para promover el voto a su favor durante dicho mecanismo, algo que la legislación actual prohíbe.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la propuesta y descartado que busque realizar propaganda política. En declaraciones recientes, afirmó que el objetivo es permitir que la persona titular del Poder Ejecutivo pueda expresarse sobre la revocación de mandato y negó que adelantar este proceso a 2027 implique un mayor costo, indicando que solo se traduciría en el pago por la impresión de más boletas. No obstante, reconoció que depende del acuerdo con sus aliados legislativos para alcanzar la mayoría calificada necesaria.
Paralelamente, José Woldenberg, expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE), ha sido mencionado en el contexto de las críticas hacia la reforma. Especialistas y analistas han señalado que los cambios podrían tener un efecto regresivo para la democracia y alertan sobre el uso político de este mecanismo, aunque no se detallaron declaraciones específicas de Woldenberg en los reportes disponibles sobre la sesión legislativa de estos días.
En otro frente relacionado con el proceso electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta cuestionamientos por las medidas de seguridad aplicadas en 40 de sus inmuebles. Dichas restricciones han sido criticadas por limitar el trabajo periodístico en las instalaciones del organismo, sumando tensión al entorno político previo a la discusión final de la reforma.
La discusión en las comisiones del Senado continúa para resolver las ambigüedades señaladas en la iniciativa. La aprobación del ‘Plan B’ sigue condicionada a la definición de detalles específicos en la redacción constitucional, manteniendo a la espera la postura definitiva de los grupos parlamentarios que conforman la mayoría en el Congreso.
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