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Washington, 24 de marzo de 2026.- El gobierno de Donald Trump ordenó el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en 14 aeropuertos principales de Estados Unidos, con el objetivo de aliviar la carga operativa de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), que enfrenta una crisis de personal derivada de una parálisis presupuestaria de cinco semanas en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La decisión fue anunciada por Tom Homan, zar de la frontera de la Casa Blanca, como una respuesta urgente ante el aumento de ausencias y renuncias entre los empleados de la TSA, quienes trabajan sin sueldo completo desde el 14 de febrero tras el rechazo del Senado a su financiamiento. Datos reportados indican una tasa nacional de ausencias del 11.76% al 22 de marzo y más de 400 renuncias, lo que ha generado tiempos de espera de casi tres horas en Atlanta, dos en Houston y más de una hora en Nueva York.
Sin embargo, la medida ha generado controversia debido a las limitaciones funcionales de los agentes desplegados. Según el contexto de la crisis, estos oficiales no están capacitados para realizar tareas críticas de seguridad como revisiones de equipaje, operación de rayos X o cacheos físicos; su labor se restringe a funciones auxiliares como el manejo de filas y vigilancia, lo que diversos reportes califican como una solución incompleta que no resuelve el problema de fondo en su primer día de operaciones.
La reacción política fue inmediata y dividida. Mientras el Departamento de Seguridad Nacional defendió la acción como una ayuda necesaria, figuras como Mikie Sherrill, gobernadora de Nueva Jersey, y Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara, criticaron la iniciativa por considerarla inaceptable y generadora de riesgos. Incluso dentro del partido republicano, la senadora Lisa Murkowski expresó reservas sobre la eficacia de la medida para solucionar las largas filas y la falta de personal especializado.
El alcalde de Atlanta, Andre Dickens, también se pronunció respecto a la situación en el aeropuerto Hartsfield-Jackson, uno de los más afectados por los retrasos. La tensión entre el anuncio gubernamental de la medida como una solución y los reportes de su ineficacia subraya la complejidad de la situación, donde la falta de un plazo estimado para resolver la parálisis presupuestaria mantiene la incertidumbre sobre la duración de este despliegue extraordinario.
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