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Por Redacción
Ensenada, 20 de julio de 2026.- Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, ingresó la tarde de este lunes al penal de máxima seguridad del Altiplano, luego de que un juez le dictara prisión preventiva por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada, contrabando y un delito en materia de hidrocarburos. La detención se concretó el jueves 16 de julio en Ensenada, tras un cambio de juzgadora que permitió a la FGR obtener la orden de aprehensión que había sido negada previamente.
La jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega libró órdenes de aprehensión contra 25 imputados, identificando a Ruffo Appel como líder de la organización. En su resolución, la funcionaria judicial señaló: “Se concluye que la participación de Ernesto Ruffo Appel… no se limita a una intervención material aislada, sino que corresponde a la de un dirigente dentro de una organización criminal con dominio funcional del hecho”. La investigación tuvo origen en el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo realizado en julio de 2025 en Ramos Arizpe, Coahuila, y ha identificado la participación de 70 personas, incluyendo representantes aduanales y servidores públicos.
La audiencia inicial contra el exmandatario y otros siete implicados comenzó la noche del 17 de julio a las 22:00 horas vía videoconferencia desde el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez. El procedimiento se extendió por más de 30 horas, aunque algunas fuentes reportan una duración de 40 horas. Como resultado, la jueza dictó prisión preventiva para Ruffo Appel y otros cuatro coacusados, quienes fueron trasladados al Altiplano este lunes a las 14:15 horas. Otros imputados permanecen en diferentes situaciones: José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales quedaron en sus domicilios por motivos de salud, mientras que Adriana Magali Bárcenas Guillén fue recluida en el Cereso Nezahualcóyotl Sur.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la defensa de los imputados se acogió a la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación jurídica se definirá el próximo martes 21 de julio. La fiscal Ernestina Godoy afirmó que con estas acciones se desmanteló “la red de huachicol más grande de México”, la cual, según informó, causó una afectación al erario de más de 4,000 millones de pesos; otra fuente cifra el daño en 4,456 millones de pesos. Cabe señalar que la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, había informado en octubre de 2025 que el daño total por contrabando de combustible ascendía a 600,000 millones de pesos.
Ante las detenciones, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó cualquier motivación política. “Es falso que haya un asunto político aquí. Es derivado de una investigación que tiene un año”, afirmó la mandataria, quien también aclaró que el caso no tiene relación con audios filtrados de la gobernadora Marina del Pilar Ávila. Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, precisó que tras estas ocho detenciones aún faltan más aprehensiones por cumplimentar.
La reacción política y familiar no se hizo esperar. Verónica Ruffo, hija del exgobernador, denunció un “trato indigno y humillante” por parte de la FGR y exigió: “que se cumpla para él, como para cualquier mexicano, la presunción de inocencia, el debido proceso y un juicio con pruebas, no una condena política anticipada”. El Partido Acción Nacional (PAN) emitió un comunicado señalando que “nadie debe estar por encima de la ley, pero tampoco por debajo de las garantías que la Constitución reconoce”.
Asimismo, Roberto Gil Zuarth, exsecretario de Gobernación, criticó que la audiencia inicial se desarrollara “a puerta cerrada. Sin prensa, sin público, sin familiares”. “El artículo 20 constitucional ordena que el proceso penal sea público. La ciudadanía no conoce razón alguna para cerrarlo”, dijo Gil Zuarth, quien añadió: “La reforma judicial prometió jueces del pueblo y entregó jueces del poder”. Por otro lado, la Coparmex en Tijuana, Mexicali y Ensenada consideró que el caso refleja una aplicación “discrecional” de la ley para crear “cortinas de humo”.
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