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Por Redacción
Almoloya De Juárez, 21 de julio de 2026.- Un juez dictó prisión preventiva contra Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, señalado de participar en un esquema de huachicol fiscal. La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, describió el caso como “la mayor red de huachicol fiscal detectada en México”.
La FGR acusó a Ruffo Appel de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, con un daño estimado al fisco de más de 4 mil millones de pesos. Según la dependencia, el análisis de las operaciones permitió “estimar un perjuicio a la Hacienda Pública de más de 4 mil millones de pesos, derivado de la introducción irregular de combustibles y de la omisión en el pago de las contribuciones correspondientes”.
El exmandatario fue detenido en Ensenada, Baja California, por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Tras la audiencia inicial, que se desarrolló de manera virtual y a puerta cerrada restringiendo el acceso a medios, se determinó que Ruffo deberá cumplir la prisión preventiva en el Cefereso 1, conocido como penal del Altiplano. El exgobernador compareció por videoconferencia desde la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
La investigación revela que la estructura operaba mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas. La FGR detalló: “Lo anterior representa un esquema de contrabando de hidrocarburo, el cual consiste en introducir combustible al país, mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas, es decir, que se reporta menos de lo que realmente se transporta o se declara como si fueran otros productos para evadir impuestos”. La red utilizaba carros-tanque de ferrocarril declarando solo el 10% de su capacidad real.
En coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas, la FGR detectó que entre enero y julio de 2025 la organización “habría realizado 4 mil 238 operaciones de importación” a través de las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas. La dependencia informó que se presentaron casi una centena de datos de prueba contra el exmandatario y otros siete acusados.
Entre las evidencias presentadas destacan alrededor de un centenar de cajas de cartón que resguardan miles de documentos, incluyendo estados de cuenta bancarios, registros financieros, información contable y expedientes de las empresas investigadas. La estructura comenzó a operar a través de una empresa vinculada con servicios portuarios fundada por Ruffo Appel.
Por su parte, la defensa de Ruffo se acogió a la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica.
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