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Por Redacción:
Ciudad de México, 15 de octubre de 2025. En una sesión maratónica que se extendió hasta la madrugada, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer en lo general la controvertida reforma a la Ley de Amparo impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con 345 votos a favor, 131 en contra y tres abstenciones, gracias a la mayoría oficialista de Morena y sus aliados. Sin embargo, el debate en lo particular —que inició de inmediato con más de 300 reservas presentadas— dejó en el aire la redacción final del artículo transitorio sobre retroactividad, un galimatías jurídico que podría abrir la puerta a interpretaciones inconstitucionales y revivir la polémica que estalló en el Senado.
La iniciativa, enviada al Congreso el 15 de septiembre y avalada por el Senado el 2 de octubre con una cláusula retroactiva que generó rechazo inmediato de Sheinbaum, busca modernizar el amparo como “escudo constitucional” al limitar suspensiones en casos fiscales, redefinir el “interés legítimo” para evitar abusos dilatorios y digitalizar procesos para agilizar juicios que, según el Ejecutivo, duran hasta 10 años innecesariamente. “Esta reforma fortalece la defensa de derechos humanos sin eliminar el amparo, pero prioriza la certeza jurídica y el interés social”, defendió el presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno (Morena), al fundamentar el dictamen, que retoma el sentido original presidencial al eliminar en comisiones el transitorio que aplicaba la norma a asuntos en trámite.
No obstante, la aprobación en lo general no disipó las sombras: durante la discusión de reservas, el diputado morenista Manuel Huerta —quien impulsó la versión retroactiva en el Senado— presentó una enmienda que modifica el artículo transitorio para que “los asuntos en trámite se regirán por las disposiciones vigentes al momento de su inicio, salvo actuaciones posteriores que se ajusten a la nueva ley”. Expertos consultados por EL PAÍS México advierten que esta redacción “abre la puerta a interpretaciones a voluntad”, potencialmente violando el artículo 14 constitucional que prohíbe la retroactividad en perjuicio de personas. “No es lo mismo que en el Senado, donde se hablaba de derechos adquiridos; aquí se confunde lo procesal con lo retroactivo, y podría usarse para anular amparos en curso contra megaproyectos”, alertó el constitucionalista Diego Valadés en una entrevista con N+, recordando el origen del debate en litigios contra el Tren Maya.
La oposición, que irrumpió en el hemiciclo con pancartas de “No al desamparo” y acusaciones de “fraude a la Constitución”, votó en bloque en contra. La panista Laura Ballesteros (MC) denunció que la reforma “deja desprotegidos a ciudadanos y comunidades indígenas frente a abusos de autoridad, como en el caso del Tren Maya”, mientras el priista Rubén Moreira la tildó de “venganza por cuestionar obras faraónicas”. Olga Sánchez Cordero, diputada morenista y exministra de la SCJN, fue una de las tres abstenciones y propuso cinco reservas para atenuar restricciones a acciones colectivas, advirtiendo riesgos para derechos ambientales y laborales.
Sheinbaum, quien desde su conferencia del 8 de octubre reiteró su rechazo a cualquier retroactividad —”ninguna ley debe aplicarse en perjuicio de juicios en curso, es inconstitucional”—, celebró en Palacio Nacional la aprobación inicial, pero urgió claridad en las reservas: “La mayoría de los diputados aceptó corregir el transitorio; debe quedar explícito que los procesos vigentes siguen la ley anterior”. Arturo Zaldívar, coordinador de Política y Gobierno, respaldó esto con tres sugerencias de redacción basadas en jurisprudencia de la SCJN, enfatizando que “las actuaciones futuras se rigen por la nueva norma, sin afectar derechos adquiridos”.
La sesión, que podría extenderse hasta el jueves, incluye debates sobre limitaciones a suspensiones en delitos graves y armonización con el Código Fiscal, con intervenciones de expertos como Javier Coello Trejo, quien calificó la reserva de Huerta como “un retroceso disfrazado que debilita la defensa fiscal”. Organizaciones como Coparmex y el Foro de Constitucionalistas alertaron que, sin precisión, la reforma podría frenar inversiones al reducir garantías legales, estimando un impacto de hasta 2% en el PIB si se interpreta restrictivamente.
Si las reservas prosperan sin consenso, la minuta regresará al Senado para un nuevo aval, prolongando el trámite. Ricardo Monreal, líder morenista en Diputados, minimizó las tensiones: “Somos cámara revisora; enmendaremos lo ocurrente del Senado para respetar la Constitución”. En un país con más de 500 mil amparos anuales —según datos de la SCJN—, esta reforma trasciende lo técnico: es una batalla por el equilibrio entre eficiencia estatal y derechos individuales, donde la retroactividad pende como una espada de Damocles sobre la seguridad jurídica mexicana.
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