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Ciudad De México, 09 de junio de 2026.- El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) anunció este lunes que busca revocar la ciudadanía estadounidense a 17 personas naturalizadas acusadas de cometer fraude durante sus procesos migratorios y de haber incurrido en delitos graves. Entre los afectados figura Andrea Marroquín, de 44 años, hija de un importante narcotraficante colombiano.
Según la investigación, Andrea Johana Marroquín Rubiano obtuvo la residencia permanente en Estados Unidos ocultando un matrimonio bígamo con un ciudadano estadounidense. Posteriormente, adquirió la ciudadanía por naturalización en 2009 tras omitir información sobre sus delitos. El DOJ ha presentado cuatro demandas contra ella para revocar su estatus.
Las autoridades indican que entre 2003 y 2011, Marroquín participó supuestamente en una conspiración para cometer fraude electrónico y bancario, así como lavado de dinero. Utilizó fondos procedentes del narcotráfico de su difunto padre, descrito en audiencias previas como un ‘conocido capo de la droga colombiano’ asesinado entre 1998 y 1999, para financiar transacciones inmobiliarias fraudulentas en Miami, Florida. La acusada heredó ganancias del narcotráfico que ascendían a decenas de millones de dólares.
Además de Marroquín, el gobierno del presidente Donald Trump ha acusado a otros 16 naturalizados originarios de países como Cuba, México, Jamaica, India, China, Filipinas, Haití y Somalia. Las acusaciones incluyen delitos como abuso sexual a un menor, fraude bancario y narcotráfico. Si los procedimientos prosperan, estas personas regresarían a su estatus migratorio previo y perderían todos los derechos asociados a la ciudadanía, incluida la protección frente a la deportación.
Esta ofensiva forma parte del endurecimiento de las políticas migratorias impulsado por la Administración Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025. Todd Blanche, fiscal general interino, declaró: “Cuando los extranjeros con antecedentes penales se aprovechan del proceso de naturalización infringiendo la ley, hay consecuencias”.
Por su parte, Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, enfatizó: “La ciudadanía estadounidense es un privilegio y debe ganarse honestamente. Si vienes aquí, infringes nuestras leyes y mientes en tus procedimientos migratorios, pierdes ese privilegio”. El funcionario añadió que el objetivo es evitar que “los estadounidenses sean perjudicados por criminales”.
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