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Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma constitucional que permite la cadena perpetua, una medida impulsada por el presidente Nayib Bukele y su partido Nuevas Ideas para endurecer las penas contra la criminalidad. La modificación al artículo 27 de la Constitución, que antes prohibía expresamente este castigo, fue respaldada el martes por 61 diputados, incluyendo 59 oficialistas y dos de oposición, en el marco de un régimen de excepción vigente desde hace cuatro años. La iniciativa llega en un momento en que el gobierno enfrenta acusaciones de organizaciones internacionales por presuntas violaciones a derechos humanos.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, defendió la reforma y aseguró que las acciones emprendidas por la administración de Bukele son “irreversibles”. El gobierno salvadoreño ha presentado esta medida como una herramienta legítima dentro de su estrategia de seguridad para combatir a las pandillas, una política que ha contado con amplio apoyo popular interno pese a las críticas externas. No se especificó en las fuentes la fecha exacta de entrada en vigor de la enmienda ni los procedimientos legales subsiguientes.
La aprobación legislativa se produce días después de que un informe del Grupo Internacional de Expertas y Expertos (GIPES) vinculó las acciones del gobierno durante el régimen de excepción con posibles crímenes de lesa humanidad. El documento, citado en la investigación, no detalla los actos específicos que constituirían estos delitos, pero sitúa la reforma de la cadena perpetua en un contexto de severas acusaciones sobre el manejo de la seguridad y las detenciones masivas.
El presidente Bukele, quien se mantiene en el poder tras una controvertida reelección, ha centrado su discurso en la drástica reducción de los homicidios y la percepción de orden, argumentos que utiliza para justificar medidas extraordinarias como el estado de excepción y ahora la prisión vitalicia. La oposición política en el país centroamericano, con una presencia minoritaria en el legislativo, no emitió una reacción unificada detallada en las fuentes disponibles, más allá del voto favorable de dos de sus legisladores.
Analistas consideran que esta reforma consolida el modelo de “mano dura” que caracteriza al gobierno de Bukele, alineándolo con políticas penales de otros países de la región, pero alejándose de estándares internacionales de derechos humanos promovidos por organismos como la ONU. El debate nacional queda así polarizado entre la eficacia en la lucha contra el crimen y el respeto a las garantías individuales, en un escenario donde el poder judicial salvadoreño ha mostrado una alineación considerable con el ejecutivo.
Lo que sigue es la promulgación oficial de la reforma y su posterior publicación en el Diario Oficial, tras lo cual comenzaría a aplicarse en los procesos penales. Organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos han anunciado que evaluarán presentar recursos legales y denuncias ante instancias internacionales, argumentando que la cadena perpetua viola tratados de los que El Salvador es parte.
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