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Por Redacción
San Salvador, 20 de marzo de 2026.- El gobierno de El Salvador presentó una propuesta legislativa para establecer la pena de cadena perpetua para menores de edad que cometan asesinatos o violaciones, ampliando el alcance de la reciente reforma constitucional que permitió este tipo de sanciones para adultos. La medida fue anunciada en un contexto de endurecimiento de las políticas de seguridad bajo la administración del presidente Nayib Bukele.
La iniciativa surge como extensión de la reforma constitucional aprobada el martes 17 de marzo por la Asamblea Legislativa, la cual eliminó la prohibición histórica de la prisión perpetua en el país centroamericano. Dicha modificación estableció cárcel de por vida para homicidas, violadores y terroristas adultos, marcando un cambio drástico en el sistema penal salvadoreño donde hasta ahora la condena máxima era de 60 años.
Funcionarios de alto nivel, incluyendo al ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, y al ministro de Defensa, Francis Merino, han participado en la difusión de esta nueva propuesta dirigida al Congreso. Aunque las declaraciones públicas de estos funcionarios se han registrado en relación con el tema, la investigación disponible no detalla citas textuales específicas ni el nombre oficial del proyecto de ley presentado este jueves.
El texto de la investigación indica que la norma que incluye a los menores deberá ser sometida a aprobación legislativa en los próximos días. Sin embargo, persisten vacíos de información sobre los detalles técnicos de la propuesta, como la edad mínima o el límite exacto que definirá a un “menor” bajo esta ley, así como el número específico de casos que motivaron la redacción de la iniciativa.
Esta moves legislativa representa un paso adicional en la estrategia de seguridad del ejecutivo, que busca equiparar la severidad de las penas para adolescentes con las ya aprobadas para adultos en delitos graves. La eliminación de la prohibición constitucional de la pena perpetua, vigente hasta el martes anterior, sienta las bases jurídicas para que el sistema judicial pueda dictar sentencias de duración indefinida.
La discusión legislativa que se avecina determinará si la Asamblea da luz verde a esta extensión penal, consolidando un marco jurídico donde la edad no sea atenuante para crímenes considerados de alto impacto social como el homicidio y la violación.
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