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Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- La discusión del Plan B de la reforma electoral en el Senado de México se encuentra estancada debido a desacuerdos entre las fuerzas políticas de la coalición gobernante, específicamente sobre la fecha para realizar la revocación de mandato y la definición del número de regidores por municipio. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum impulsó la iniciativa, las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos no han logrado emitir el dictamen necesario para llevar el tema al Pleno, donde se esperaba su discusión antes de la pausa legislativa.
El punto central del conflicto radica en la postura del Partido del Trabajo (PT), que ha manifestado dudas respecto a la fecha propuesta para la revocación de mandato. Mientras Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, señaló que en reuniones previas el PT estaba “100% a favor” de la propuesta, fuentes cercanas al proceso indican que el desacuerdo sobre este punto es una causa central del retraso. Esta contradicción ha generado incertidumbre sobre la viabilidad de aprobar el dictamen en los tiempos originalmente planeados.
Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, descartó que la pausa en el debate se deba a problemas internos con el PT. Según su versión, el retraso obedece a una reunión pendiente con el Instituto Nacional Electoral (INE) para afinar detalles técnicos. Sin embargo, esta explicación contrasta con las señales de desacuerdo político que han surgido públicamente, manteniendo la incertidumbre sobre el origen real del estancamiento.
Además de la revocación de mandato, otro punto de discordia es la propuesta de modificar el número de regidores en los ayuntamientos, estableciendo un rango flexible de 7 a 15 representantes dependiendo del tamaño del municipio. Esta medida busca adaptar la estructura de los gobiernos locales, pero requiere consenso entre los partidos de la coalición, incluyendo al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cuya posición específica sobre estos puntos de conflicto no ha sido detallada oficialmente en las fuentes disponibles.
Ante la falta de acuerdo, se maneja como posible escenario que la discusión en el Pleno del Senado se posponga hasta la semana del 6 al 10 de abril, coincidiendo con el periodo de Semana Santa, o bien que se convoque a un periodo extraordinario de sesiones antes del 30 de mayo para destrabar la iniciativa. La definición del calendario dependerá de los resultados de las próximas reuniones entre los coordinadores parlamentarios y la presidenta de la República, quien ha buscado mediar para desbloquear el proceso legislativo.
La situación refleja la complejidad de articular una mayoría calificada para reformas constitucionales, donde cada voto cuenta y las diferencias tácticas entre aliados pueden frenar la agenda prioritaria del ejecutivo. Mientras se resuelven estas discrepancias, la reforma electoral, considerada clave para la reorganización del sistema político mexicano, permanece en espera de un dictamen que permita su avance formal.
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