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Por Redacción
Boston, 21 de marzo de 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra la Universidad de Harvard por presunta discriminación antisemita, en una acción legal impulsada por la administración del presidente Donald Trump. La querella, presentada el viernes 20 de marzo, tiene como objetivo recuperar miles de millones de dólares en subvenciones federales otorgadas a la institución, alegando fallos en la protección de estudiantes judíos e israelíes durante las protestas ocurridas en el campus.
La disputa legal se enmarca en los conflictos surgidos tras el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre, que derivaron en manifestaciones propalestinas y antiisraelíes dentro de la universidad. Según la investigación, estos eventos incluyeron la instalación de un campamento antiisraelí con una duración de 20 días, así como alegatos de acoso y agresión física contra alumnos de origen judío, aunque no se especifican cifras exactas de víctimas ni fechas concretas de los incidentes en el documento judicial disponible.
Esta acción representa la tercera demanda de la administración Trump contra Harvard. Anteriormente, en febrero de 2025, el gobierno federal amenazó con retirar los fondos a la institución, medida que fue bloqueada por un juez en ese momento. La nueva estrategia jurídica busca ahora la recuperación retroactiva de los recursos financieros bajo la acusación de violaciones a normas de no discriminación.
La Universidad de Harvard ha emitido un comunicado público en respuesta a los acontecimientos, aunque la investigación no detalla el contenido específico de dicha declaración ni la respuesta legal formal que la institución presentará ante el tribunal federal de Boston donde se radicó la demanda. Tampoco se ha hecho público el nombre exacto del juez o la corte específica que conocerá del caso.
El conflicto subraya la tensión entre la libertad de expresión en los campus universitarios y las obligaciones institucionales de garantizar la seguridad de todos los estudiantes. La amenaza de perder financiamiento federal pone en riesgo la operación de una de las universidades más prestigiosas del mundo, cuyas subvenciones son vitales para sus programas de investigación y operación académica.
Se espera que el proceso legal se extienda en los próximos meses, con la universidad enfrentando el desafío de demostrar su cumplimiento de las normas federales o negociar una solución que evite la pérdida masiva de recursos. El caso podría establecer un precedente significativo para otras instituciones de educación superior en Estados Unidos que enfrentan situaciones similares de protesta estudiantil y acusaciones de discriminación.
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