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Ciudad De México, 06 de abril de 2026.- El Gobierno de México rechazó este lunes el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), vinculado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al considerar que sus datos están desactualizados y no reflejan la realidad actual del país. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB) habían enviado meses atrás documentos detallando los avances realizados desde 2019, los cuales no fueron tomados en cuenta por el organismo.
Sheinbaum señaló que el CED realizó su análisis con base en información correspondiente al periodo de 2009 a 2017 de únicamente cuatro entidades federativas: Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco. La mandataria acusó que los resultados del informe fueron proyectados hasta 2025 sin considerar los cambios en la legislación ni la operación de la Comisión Nacional de Búsqueda. “Se les informó los trabajos y avances que hemos venido haciendo con la comisión de búsqueda y no fueron considerados, por eso se rechazó el documento”, afirmó la presidenta.
El Ejecutivo federal enfatizó que el documento se refiere en su mayoría a casos ocurridos durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. El 2 de abril de 2026, la SRE y la SEGOB habían señalado formalmente que en México no existe una práctica de desaparición forzada constitutiva de crimen de lesa humanidad cometida de manera sistemática y generalizada. Sheinbaum aclaró que la decisión “no tiene nada que ver con el trabajo que hacemos con los colectivos de búsqueda, la solidaridad con padres de familia, con familiares de víctimas de desaparecidos y el trabajo que estamos haciendo para erradicar este terrible delito”.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) catalogó la decisión del CED como una postura sesgada, contradictoria y carente de perspectiva histórica e internacional. El informe del comité de la ONU señala a México como el país que concentra más acciones urgentes por desaparición forzada que cualquier otra nación del mundo, con 819 acciones urgentes entre 2012 y febrero de 2026, mientras que el Gobierno mexicano confirmó hace semanas que existen más de 130 mil personas desaparecidas en el país.
Ante este escenario, Sheinbaum adelantó que el Gobierno de México realizará un seguimiento sobre el informe a través de la Secretaría de Gobernación y de Relaciones Exteriores. Asimismo, indicó que establecerán una “relación estrecha” con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, a quien el comité enviará su reporte. “Vamos a establecer una relación estrecha con el Alto Comisionado de Derechos Humanos, para que conozca lo que se está haciendo y por qué razones no estamos de acuerdo con este informe”, dijo la presidenta.
El Gobierno de la Ciudad de México expresó su respaldo al posicionamiento del gobierno federal. La jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, sostuvo que el informe “se basa fundamentalmente en hechos ocurridos de 2009 a 2017; extrapolando lo sucedido durante ese periodo a la realidad actual de México”. El gobierno local consideró “muy grave” que no se haya incluido la evidencia presentada por el Estado mexicano y afirmó que el Comité “decidió no valorar las medidas adoptadas por el Estado mexicano para enfrentar y erradicar ese fenómeno”, enfatizando que “en la actualidad, el Gobierno Federal no reprime ni desaparece”.