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Por Redacción
Mexicali, 19 de marzo de 2026.- El juez de control Gerardo Anguiano Ceja determinó que existían pruebas necesarias para formular la imputación judicial contra Jaime Bonilla Valdez, exgobernador de Baja California, por los delitos de abuso de autoridad, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades. La decisión fue emitida tras una audiencia que se extendió por más de 10 horas entre el 18 y 19 de marzo, en la que se analizó el fallido proyecto de una planta fotovoltaica que involucra 123 millones de pesos.
La magistratura estableció que los elementos presentados son suficientes para iniciar el proceso legal, programando la audiencia de vinculación a proceso para el lunes 23 de marzo a las 9:00 horas en el Centro de Justicia de Mexicali. El caso se centra en inconsistencias detectadas en los contratos y la ejecución del proyecto energético contratado durante la administración de Bonilla.
Marina del Pilar Ávila Olmeda, actual gobernadora de Baja California, señaló que la denuncia surgió debido a las irregularidades encontradas en el proyecto y los contratos, enfatizando que no se trata de un tema personal, sino de una cuestión legal derivada de las inconsistencias administrativas.
Por su parte, Jaime Bonilla Valdez mantiene su postura de que el estado nunca se comprometió directamente a construir la planta fotovoltaica, argumentando que la empresa Next Energy era la encargada de la obra y que únicamente existía una garantía de depósito para cubrir la primera mensualidad. El exmandatario calificó como una “narrativa errónea” las acciones de la administración actual y la cobertura de los medios sobre el caso.
En su defensa, Bonilla cuestiona por qué no se ha citado a los diputados del Congreso de Baja California que aprobaron la iniciativa del proyecto, sugiriendo que la responsabilidad debería ser compartida con el poder legislativo que validó la propuesta en su momento. La investigación continúa enfocada en esclarecer el manejo de los recursos retenidos y regresados por el monto de 123 millones de pesos.
La próxima audiencia del 23 de marzo será determinante para definir si el exgobernador queda formalmente vinculado a proceso por los delitos imputados, marcando un nuevo capítulo en la revisión judicial de las obras contracturadas durante su gestión en el ejecutivo estatal.
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