marzo 18, 2026
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Por Redacción

México, 18 de marzo de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) implementa incrementos escalonados en la cotización de la Modalidad 40 que alcanzarán 18.8% para 2030, mientras el Senado avanza en ajustes para reducir las pensiones de monto excesivo en organismos públicos descentralizados. La medida afecta directamente a trabajadores que buscan mejorar su jubilación bajo el esquema voluntario y elimina privilegios a exfuncionarios de confianza de empresas como Pemex, CFE y bancos de desarrollo.

La Modalidad 40, que permite a cotizantes regularizar periodos sin aportaciones o aumentar su pensión, registra alzas anuales desde 2024. Este año la tasa llega a 14.438%, lo que significa un costo mensual de aproximadamente 12,703 pesos para quienes cotizan con el salario máximo de 25 Unidades de Medida y Actualización (UMAs). El esqueman culminará en 2030 con una cotización del 18.8%, según proyecciones del IMSS.

Paralelamente, el Legislativo trabaja en modificar las llamadas ‘pensiones doradas’ que benefician a exdirectivos de empresas públicas. La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, confirmó que la iniciativa busca ‘eliminar privilegios’ en organismos descentralizados y sociedades nacionales de crédito. Ejemplos documentados incluyen un excoordinador de Pemex que percibe 1,107,361 pesos mensuales y exdirectivos de Luz y Fuerza del Centro con jubilaciones superiores al millón de pesos.

Para trabajadores bajo el régimen de la Ley de 1973, el IMSS mantiene el acceso a pensiones que pueden alcanzar hasta 50,000 pesos mensuales, dependiendo de salarios, semanas cotizadas y edad de retiro. Adultos mayores con credencial del INAPAM continúan accediendo a servicios médicos gratuitos en instituciones públicas y privadas con convenio.

El sistema también protege a menores en situación de orfandad, con pensiones que se extienden hasta los 16 años y hasta los 25 si el beneficiario estudia y no cotiza en el Seguro Social. Estos cambios reflejan la implementación progresiva de la reforma a la Ley del Seguro Social de diciembre de 2020, que busca equilibrar la sostenibilidad financiera del sistema con la protección social.

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