junio 8, 2026
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Ciudad De México, 08 de junio de 2026.- La memoria histórica y la búsqueda de justicia centraron esta semana diversos acontecimientos en Latinoamérica, con iniciativas legislativas en Chile, sentencias inéditas en Ecuador y actos conmemorativos en México que reflejan las tensiones sobre cómo se recuerda el pasado y se juzga el presente.

En Chile, un grupo de diputados del Partido Nacional Libertario presentó un proyecto de resolución en el Congreso para solicitar al presidente José Antonio Kast la creación de un Museo de la Verdad sobre el período del Gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende. La propuesta fue ingresada en la Cámara de Diputados el mismo día en que Kast rindió su primera Cuenta Pública ante el Legislativo. El proyecto pide al Ejecutivo instruir a los ministerios de las Culturas y de Obras Públicas, así como al Consejo de Monumentos Nacionales, para instalar el recinto y recopilar testimonios y documentos de esa época.

El objetivo declarado del museo es exponer “el atropello, el hambre y la humillación que significó para el pueblo de Chile el Gobierno de la Unidad Popular”. Según la iniciativa, se busca “preservar la memoria histórica completa y verdadera de las víctimas de desabastecimiento, la violencia política, el ‘quieto’ del Estado de Derecho y el caos económico que caracterizaron dicho período, y educar a las nuevas generaciones de chilenos sobre la totalidad de su historia reciente”. Esta creación busca restar peso al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMDH), que relata el golpe de Estado de 1973 y la dictadura de Augusto Pinochet, institución que recibió el Premio de Derechos Humanos Rey de España a inicios de mayo de 2026. En el país austral se conservan actualmente 1.168 lugares de memoria.

Por otro lado, la justicia de Ecuador obligó al Estado a reconocer su responsabilidad en la desaparición forzada y muerte de cuatro niños de Las Malvinas, en un caso que expuso abusos cometidos por militares durante el gobierno de Daniel Noboa. La sentencia, considerada inédita, marca un impás en la política de seguridad impulsada por el presidente. El acto de disculpas públicas, cuyas frases fueron redactadas por jueces de la Corte Constitucional, tuvo lugar el 4 de junio de 2026 en el Hemiciclo de la Rotonda, en el centro de Guayaquil.

Durante la ceremonia, el comandante de la Fuerza Aérea, Mauricio Salazar, pronunció las palabras de disculpa: “Reconocer con vergüenza y dolor que el Estado es responsable de un horrendo suceso, la desaparición forzada y posterior muerte de cuatro niños afrodescendientes, habitantes de un barrio popular del sur de Guayaquil”, añadiendo que se les fue “Arrebatándoles su libertad, su infancia y su derecho a vivir dignamente”. Los cuatro menores, de entre 12 y 17 años, fueron interceptados por 16 militares el 8 de diciembre de 2024 cerca del barrio Las Malvinas; según la investigación judicial, los soldados los detuvieron, golpearon, desnudaron y abandonaron en una zona apartada, apareciendo sus cuerpos días después junto a un manglar. Mientras familiares y vecinos gritaban “¡Eran niños!” y “¡Asesinos!”, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) denunció un día antes del acto que familiares de las víctimas estaban siendo hostigados por militares, incluyendo la presencia de soldados en la vivienda de una de las madres.

En México, a 17 años de la tragedia ocurrida el 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 menores, familiares realizaron una ceremonia con un pase de lista. Durante el acto se mencionaron los nombres de las víctimas, seguidos cada vez por la frase “no debió morir”, mientras reiteraban su llamado a las autoridades federales para que no exista impunidad.

Asimismo, la UNAM otorgó la licenciatura a la joven enfermera Verónica Soto Hernández, víctima de feminicidio, después de seis años de lucha de su familia. Inicialmente no pudo titularse porque no había cubierto totalmente el servicio social, tarea que realizaba cuando fue asesinada. La joven había terminado la carrera con 9.6 de calificación y jamás había reprobado. Hasta el momento, el culpable del asesinato de Verónica Soto Hernández al parecer está sin juzgar.

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