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Ciudad De México, 01 de abril de 2026.- Autoridades de la Ciudad de México confirmaron que investigan el uso de una camioneta sin placas por parte del diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco. Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), informó que se ha instruido una investigación con la intención de aplicar las sanciones correspondientes en contra del legislador.
El caso surgió tras la difusión de un video donde se captó a Blanco ingresando al Estadio Banorte en una camioneta de lujo modelo Cadillac durante el partido amistoso entre la Selección de México y la Selección de Portugal, evento que marcó la reinauguración del recinto. Aunque el ingreso de la unidad al estacionamiento fue autorizado bajo los lineamientos del operativo, ya que la entrada de vehículos estaba permitida exclusivamente para aquellos con derechos sobre los palcos, la irregularidad radica en que la unidad no estaba identificada para transitar por la vía pública.
Al respecto, el secretario de Seguridad señaló que existía un protocolo restrictivo denominado ‘Última Milla’ para priorizar el acceso peatonal. “El protocolo de última milla comprendía el acceso vehicular a personas con palcos, es un tema que se analiza y era parte del operativo, así lo dieron a conocer las autoridades”, explicó Vázquez Camacho.
Sobre la posible penalización, el funcionario aseguró: “El tema de la falta de placas de la camioneta es algo que vamos a sancionar con todo rigor… independientemente de quien se trate”. Vázquez Camacho detalló que este tipo de infracciones suelen requerir flagrancia para una aplicación inmediata de la multa, pero el caso se mantiene bajo investigación y requiere un análisis previo para determinar la emisión de la sanción.
Por otro lado, en un contexto separado vinculado a auditorías recientes durante su periodo de gobierno, autoridades informaron sobre 50 procesos legales por irregularidades. José Blas Cuevas Díaz, titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, indicó que se abatió un rezago de cuatro años lo que permitió detectar desvíos y omisiones. De estos casos, 10 derivaron en denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, mientras que 40 expedientes fueron enviados al Tribunal de Justicia Administrativa.
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