marzo 26, 2026
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Nueva York, 26 de marzo de 2026.- El juez federal Alvin Hellerstein negó este jueves la solicitud de la defensa para desestimar los cargos de narcoterrorismo en contra de Nicolás Maduro y Cilia Flores, durante la segunda audiencia celebrada en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. La sesión, que duró aproximadamente 70 minutos, concluyó sin una resolución inmediata sobre la disputa central del día: la posibilidad de utilizar fondos del gobierno venezolano para pagar la representación legal de los acusados.

El magistrado, de 92 años, escuchó los argumentos de ambas partes antes de determinar que el proceso judicial continuará su curso. Por un lado, el abogado defensor Barry J. Pollack insistió en que sus clientes tienen el derecho absoluto a elegir su defensa y a usar recursos no contaminados para tal fin, argumentando que el bloqueo de activos vulnera sus garantías constitucionales. Por su parte, la fiscalía, representada por Kyle Wirshba, mantuvo su postura de que las sanciones vigentes prohíben el uso de dichos fondos para costear la minuta legal.

Durante la comparecencia, el juez Hellerstein manifestó dudas sobre la congelación de los activos, pero indicó que emitirá una resolución formal en los próximos días respecto a este punto financiero. Aunque rechazó liberar a los acusados de las imputaciones, el tribunal no fijó de inmediato una fecha para el inicio del juicio, dejando abierta la agenda procesal mientras se resuelven estas mociones preliminares.

Maduro y Flores, quienes permanecen recluidos desde hace más de 80 días en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn bajo un régimen de confinamiento administrativo, comparecieron vestidos con uniformes color beige. Ambos se mantienen bajo la acusación de narcoterrorismo derivada de los hechos que motivaron su captura en enero de 2026, cargos de los cuales se declararon no culpables en su primera aparición ante este tribunal.

En las inmediaciones del edificio federal, la polarización social fue evidente con la presencia de manifestantes a favor y en contra de la pareja presidencial venezolana. Mientras algunos grupos exigían que se les aplicara todo el peso de la ley, otros abogaban por su liberación, generando un ambiente de tensión que requirió control por parte de la policía local. Este evento judicial se desarrolla en un contexto de relajación de tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela, tras el restablecimiento de relaciones entre ambas naciones.

La audiencia puso de relieve la complejidad técnica y legal del caso, especialmente en lo concerniente a la validez de las pruebas y la capacidad de los acusados para financiar su defensa sin recurrir a bienes estatales bloqueados. Con la negativa a desestimar el caso, el foco ahora se traslada a la inminente decisión del juez sobre los fondos, un factor determinante para la estrategia legal de la defensa en las siguientes etapas del procedimiento.

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