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Ciudad de México – 20 de noviembre de 2025 – La marcha de la Generación Z en Guadalajara, que el sábado 15 de noviembre movilizó a miles de jóvenes contra la corrupción y la inseguridad, derivó en un saldo controvertido: 40 personas –35 hombres y 5 mujeres– fueron trasladadas al penal federal de Puente Grande, Jalisco, tras ser consignadas por la Fiscalía del estado por daños, robo y lesiones durante actos vandálicos en el Centro Histórico. Organizaciones de derechos humanos, como el Centro de Justicia para las Paz y el Desarrollo (Cepad), denunciaron múltiples violaciones: detenciones arbitrarias, uso excesivo de fuerza, posibles torturas y tratos inhumanos, basados en testimonios y videos que muestran golpes a manifestantes desarmados y periodistas. Esta movilización, parte de una ola nacional con réplicas en la CDMX y otros estados, ha escalado tensiones entre jóvenes y autoridades, con demandas de liberación inmediata y sanciones a policías implicados.
La manifestación en Guadalajara inició pacíficamente a las 16:00 horas del 15 de noviembre desde la Glorieta de los Niños Héroes, con miles de participantes –principalmente de 18 a 25 años– portando banderas de anime como “One Piece” y carteles contra la reforma judicial, la violencia policial y la falta de becas educativas. Convocada por influencers independientes y colectivos juveniles como “Jóvenes por Jalisco”, la marcha demandaba revocación de mandato presidencial, educación gratuita y fin a la corrupción, inspirada en protestas similares en la CDMX que reunieron a 17.000 personas. Sin embargo, al llegar al Centro Histórico alrededor de las 19:00 horas, un grupo minoritario –identificado como “Bloque Negro” por encapuchados– derribó vallas metálicas frente a la Catedral, rompió cristales de comercios y lanzó piedras a patrullas, provocando la respuesta policial con gas lacrimógeno y toletes.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco consignó a los 40 detenidos el 17 de noviembre ante un juez de control en Puente Grande, el penal de máxima seguridad con capacidad para 8.000 reclusos y conocido por albergar a capos como “El Chapo” Guzmán en 2014. Los cargos incluyen daños en propiedad ajena (contra vidrios de 10 locales y 5 vehículos), robo simple y lesiones a elementos de seguridad, con videos de vigilancia mostrando a los implicados lanzando objetos. La audiencia inicial se programó para el 18 de noviembre, donde un juez oral determinará vinculación a proceso o libertad bajo caución, con el Cepad ofreciendo defensa gratuita y alegando que al menos 20 detenciones fueron arbitrarias, sin flagrancia.
Denuncias de abuso policial proliferan: familiares reportaron golpes con toletes, uso de gas en espacios cerrados y retención de 8 horas sin atención médica, violando protocolos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ). Videos en redes muestran a policías arrastrando a jóvenes por el cabello y presionando rodillas en cuellos, con al menos 15 lesionados leves entre manifestantes, incluyendo fracturas y contusiones. El gobernador Pablo Lemus Navarro, en conferencia del 18 de noviembre, defendió el operativo: “La policía actuó para proteger el patrimonio público; no toleramos vandalismo”, pero ordenó una investigación interna a 12 elementos por presuntos excesos.
Esta marcha forma parte de una serie nacional de protestas juveniles contra la reforma judicial, la violencia y la economía, inspiradas en la de la CDMX el 15 de noviembre, que dejó 19 detenidos, 100 policías heridos y 3 imputados por tentativa de homicidio. En Guadalajara, convocantes como Edson Andrade –quien huyó del país por amenazas tras filtraciones de Morena– y colectivos independientes enfatizaron su carácter apartidista, pero opositores como el PAN y PRI ofrecieron apoyo legal gratuito a detenidos. La Barra Mexicana de Abogados y la UNAM exigieron investigaciones independientes, con el rector Leonardo Lomelí alertando: “Podrían ser víctimas de abuso, no culpables”.
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