Por Luis Martínez Alcántara
Según el “Ranking 2024 de las 50 ciudades más violentas del mundo” elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, México destaca con 20 urbes en la lista, representando el 40% del total. Este informe anual analiza las tasas de homicidios en ciudades con más de 300,000 habitantes, excluyendo zonas de guerra activa.
Encabezando el ranking se encuentra Puerto Príncipe, Haití, con una alarmante tasa de 139.31 homicidios por cada 100,000 habitantes. Le siguen Colima, México, con 126.95; Acapulco, México, con 102.28; Manzanillo, México, con 92.17; y Tijuana, México, con 91.35 homicidios por cada 100,000 habitantes. Estas cifras reflejan una preocupante concentración de violencia en ciertas regiones.
Las 20 ciudades mexicanas incluidas en el listado son: Colima, Acapulco, Manzanillo, Tijuana, Ciudad Obregón, Celaya, Zamora, Cuernavaca, Ciudad Juárez, Culiacán, Uruapan, Irapuato, Chihuahua, Chilpancingo, Zacatecas, León, Tapachula, Morelia, Reynosa y Villahermosa. Estas urbes enfrentan desafíos significativos en materia de seguridad y justicia.
El presidente del Consejo Ciudadano, José Antonio Ortega, señaló que la impunidad es un factor clave en la persistencia de la violencia. La falta de castigo a los homicidas y la protección que reciben ciertos grupos criminales permiten que estos continúen operando con total impunidad. Esta situación se agrava por la corrupción y la debilidad institucional en diversas regiones del país.
Además de México, otros países con ciudades en el ranking incluyen Brasil con 8, Colombia con 6, Sudáfrica y Estados Unidos con 5 cada uno, Ecuador con 3, y Haití, Jamaica y Trinidad y Tobago con una ciudad cada uno. Es notable que 45 de las 50 ciudades más violentas se encuentran en el continente americano, lo que subraya una crisis regional de seguridad.
Este informe resalta la urgente necesidad de implementar políticas públicas efectivas en México para combatir la violencia urbana. Fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, erradicar la corrupción y promover el desarrollo social son pasos fundamentales para revertir esta alarmante tendencia y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
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