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Por Redacción:
Ciudad de México, miércoles 9 de septiembre de 2025. El capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de la Unidad de Protección Portuaria (UPP) de Altamira, fue encontrado sin vida la tarde del lunes 8 en sus oficinas del puerto tamaulipeco. La Secretaría de Marina (Semar) confirmó el fallecimiento y ofreció colaborar con autoridades para el pleno esclarecimiento de los hechos; varios medios nacionales reportaron que se trataría de un presunto suicidio, versión atribuida a fuentes federales. Hasta el cierre de esta edición, la dependencia no ha detallado públicamente la causa de muerte.
El nombre de Pérez Ramírez había salido a la luz días antes, mencionado en una carpeta de investigación sobre contrabando de combustibles —el llamado “huachicol fiscal”— a partir del testimonio de un exdirector de Aduanas de Tampico que lo acusó de recibir sobornos para permitir operaciones irregulares. Diversas coberturas consignan que el oficial no tenía orden de aprehensión vigente; la Semar lamentó el hecho y expresó sus condolencias a familiares y compañeros.
El fallecimiento ocurre en medio de la ofensiva federal contra la red vinculada al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, cuyo desmantelamiento derivó en 14 detenciones (marinos, exfuncionarios aduanales y empresarios) y en aseguramientos masivos de combustible. El caso se detonó tras el arribo a Tamaulipas del buque Challenge Procyon, que declaró carga exenta y terminó exhibiendo diésel en grandes volúmenes, lo que abrió cateos y diligencias financieras. La cronología y el papel de cuadros navales en aduanas —según investigaciones periodísticas y judiciales— colocan a Altamira y Tampico como piezas clave del circuito.
En los últimos dos días, el gobierno federal defendió que la investigación seguirá “tope hasta donde tope” y bajo la consigna de cero impunidad, con énfasis en pruebas sólidas para judicializar a todos los involucrados. La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que no habrá privilegios y que las indagatorias iniciaron desde denuncias internas en la Marina; su gabinete de seguridad recordó el bloqueo de cuentas y nuevas órdenes de aprehensión en curso.
La muerte del jefe portuario añade un capítulo sensible a un expediente que ya había sido marcado por amenazas y hechos violentos en meses previos, mientras la FGR y autoridades portuarias mantienen activos los aseguramientos y peritajes. En el puerto de Altamira, uno de los nodos energéticos del país, la atención se centra ahora en el resguardo de instalaciones, la cadena de custodia de documentos y equipos, y la trazabilidad de permisos temporales empleados para ingresar combustibles sin pagar impuestos, práctica identificada por el gobierno como eje del llamado huachicol fiscal.
Al cierre, no había reporte oficial que modificara el estatus de la indagatoria sobre Pérez Ramírez ni precisiones forenses difundidas por la autoridad. En paralelo, el caso mayor —que involucra puertos, agentes aduanales y operadores privados— continúa abierto, con la expectativa de nuevos aseguramientos y capturas.
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