Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La crisis de desapariciones en México mostró este fin de semana múltiples facetas críticas, desde el hallazgo de restos humanos y crematorios clandestinos en Jalisco hasta ataques directos contra organizaciones de derechos humanos en Chiapas, mientras el Gabinete de Seguridad federal aseguró que no hay delito en los reportes de personas no localizadas en Quintana Roo.
En Tequila, Jalisco, el colectivo Buscando Corazones, coordinado por Ivonne Gutiérrez, denunció el descubrimiento de restos óseos calcinados, posibles indicios de disolución con ácido y objetos personales en el cerro del Totole. La buscadora señaló que las autoridades no mantienen resguardado el sitio, lo que pone en riesgo la preservación de las pruebas. Este hallazgo se suma a la tensión creciente en la región, donde se han reportado fosas clandestinas y violencia asociada al crimen organizado.
Simultáneamente, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova informó un segundo allanamiento y robo en sus instalaciones en Tapachula, Chiapas, ocurrido el 22 de marzo. La organización denunció un “riesgo inminente” para su personal y criticó la inacción de las autoridades para prevenir estos ataques, que forman parte de un patrón de hostigamiento contra defensores que documentan casos de desaparición y migración en la frontera sur.
En contraste con la gravedad de los hallazgos forenses y los ataques a defensores, el Gabinete de Seguridad emitió un comunicado afirmando que todas las personas reportadas como no localizadas en Quintana Roo entre el 6 y el 13 de marzo “se encuentran en sus hogares, sin que exista evidencia de la comisión de algún delito”. Esta declaración contrasta con la percepción de crisis y los reportes periodísticos que indican una saturación en los sistemas de búsqueda y atención a familias en la península.
La búsqueda de personas también dejó resultados mixtos en otras regiones. En Matehuala, San Luis Potosí, siete electricistas que habían sido interceptados por un grupo criminal para ser reclutados forzadamente fueron localizados con vida tras permanecer retenidos más de dos días; para su rescate se desplegaron 600 agentes en la zona. Por otro lado, en Sonora, la madre buscadora Ceci Flores aseguró haber encontrado los restos de su hijo en la carretera 26, kilómetro 46, en Hermosillo, aunque se desconoce aún la confirmación oficial mediante pruebas de ADN.
Las familias de policías desaparecidos en Torreón, Coahuila, enfrentan obstáculos burocráticos para obtener reparación. Cristian Castro Cigala, representante legal del colectivo de Familias por Policías Municipales Desaparecidos, informó que mantienen pláticas con el Ayuntamiento sobre el acceso a pensiones, pero el municipio argumenta que “no hay una forma jurídicamente posible” para integrarlos al fondo de pensiones, dejando a las víctimas en un limbo administrativo.
El panorama nacional refleja una fragmentación en la respuesta estatal: mientras colectivos y familias realizan búsquedas independientes ante la omisión institucional, las autoridades federales minimizan las alertas en algunos estados y fallan en proteger a quienes denuncian estos crímenes. Con 297 personas desaparecidas registradas en Yucatán hasta finales de 2025 y casos pendientes como el de la directora de kínder Maricela Minerva Pineda Mendoza en Acapulco, la demanda de verdad y justicia sigue sin respuesta efectiva.
About The Author
