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Por Redacción
Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- Una serie de ataques violentos registrados esta semana en Guanajuato y Oaxaca dejaron como saldo el asesinato del esposo de una alcaldesa y de una joven emprendedora, en medio de un contexto de inseguridad que también afecta a otros estados como Nayarit y Chiapas. Eduardo Olvera García, cónyuge de la presidenta municipal de Jerécuaro, Guanajuato, fue ultimado a balazos en un bar la noche del jueves 13 de marzo. Horas antes, en Juchitán, Oaxaca, Araceli Nieto, de 19 años, fue asesinada también a tiros, elevando a 11 la cifra de feminicidios en esa entidad en lo que va del año.
El ataque contra Olvera García ocurrió alrededor de las 20:30 horas en un establecimiento del municipio de Jerécuaro. Las autoridades no han proporcionado detalles sobre los motivos del crimen ni han identificado a los responsables, aunque la víctima era una figura conocida localmente por su vínculo con la alcaldesa. En Oaxaca, el feminicidio de Araceli Nieto, descrita como una joven emprendedora, se suma a una preocupante estadística estatal y se investiga si tuvo relación con posibles extorsiones, según reportes de medios locales.
En un incidente separado pero ocurrido en la misma semana, el activista ambiental Erik Saracho Aguilar fue atacado a balazos la madrugada del miércoles 11 de marzo en Bahía de Banderas, Nayarit. Saracho, quien había participado en una reunión con desarrolladores inmobiliarios horas antes del ataque, resultó herido. La Fiscalía de Nayarit ofreció una recompensa de 100,000 pesos por información que lleve a la captura del agresor.
La violencia también se manifestó en otros estados mencionados en el contexto de la investigación. En Chiapas, feligreses católicos realizaron un viacrucis para exigir justicia por el asesinato del sacerdote Juan Manuel Zavala Madrigal, un crimen que permanece impune y que ha generado movilizaciones sociales. Asimismo, se registraron reportes de un ataque con drones en Sinaloa, aunque este evento no guarda una conexión geográfica directa con los crímenes en Guanajuato y Oaxaca que son el núcleo de los hechos.
Las autoridades de las entidades afectadas no han establecido vínculos entre estos diversos ataques, los cuales parecen responder a dinámicas locales de criminalidad. La falta de información sobre los motivos y los autores en la mayoría de los casos refleja los desafíos persistentes en las investigaciones policiales y judiciales en varias regiones del país. La ciudadanía y organizaciones civiles continúan exigiendo respuestas y medidas efectivas para contener la ola de violencia que impacta a comunidades, activistas y familias.
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