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Ciudad De México, 02 de abril de 2026.- El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU decidió elevar con carácter urgente la situación de México ante la Asamblea General, tras activar el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. El organismo solicitó al secretario general de la ONU, António Guterres, que remita el caso para que se consideren medidas de apoyo en la prevención, investigación y erradicación del problema.
El CED concluyó que la información recibida contiene indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad. Juan Albán-Alencastro, presidente del comité, subrayó que lo que define este tipo de crimen es el patrón de los ataques contra la población civil, independientemente de si son orquestados desde las altas esferas del gobierno. Como prueba de la gravedad, el comité citó el hallazgo continuo de fosas comunes clandestinas, con más de 6,200 cadáveres y 76,000 restos humanos localizados, la mayoría sin identificar.
Ante esta resolución, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México rechazó categóricamente el informe, calificándolo de tendencioso y sesgado. Las autoridades mexicanas argumentaron que el marco del CED no corresponde a la realidad del país y aseguraron que el documento se basa principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Además, el gobierno señaló que el propio CED admite en su resolución que no hay una política federal de ataques sistemáticos.
La administración federal destacó que se han emprendido transformaciones estructurales desde 2019, con reformas clave en julio de 2025, incluyendo la creación de una Alerta Nacional de Búsqueda y el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses. La SRE lamentó que el comité rechazara revisar la información actualizada presentada por el Estado mexicano el 27 de marzo y afirmó: “El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”.
Pese al desacuerdo, el gobierno mexicano reiteró su disposición a la cooperación técnica internacional, pero advirtió que no aceptará premisas que no reflejen la transformación institucional lograda en el último año. Por su parte, Santiago Corcuera, expresidente del CED, consideró deplorable la respuesta del Estado y señaló que es una “muy mala señal” no aprovechar la oportunidad para reconocer la dimensión del problema, recordando que la responsabilidad internacional abarca todos los órdenes de gobierno.
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