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Por Redacción
Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- Organizaciones de la sociedad civil solicitaron formalmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) vigilar la situación del desplazamiento forzado interno en México, un fenómeno que ha afectado a casi 400,000 personas desde 2016. La petición se da en un contexto donde el Estado mexicano reconoce parcialmente su responsabilidad en la ejecución extrajudicial de Bonfilio Rubio Villegas por parte del Ejército, y donde la Fiscalía federal enfrenta críticas por una investigación deficiente que llevó a la absolución del único detenido por el asesinato del activista Samir Flores Soberanes.
Según datos recopilados por las organizaciones, entre 2016 y 2024 se registraron 390,000 personas desplazadas forzadamente en el país. Solo en 2024 la cifra fue de 28,900 afectados, y en 2025 alcanzó las 15,795 personas. El fenómeno se concentra principalmente en entidades como Morelos y Guerrero, vinculado a disputas territoriales y la presencia de grupos del crimen organizado trasnacional, cuyas actividades ilícitas van más allá del narcotráfico e involucran a entidades legales y estatales.
En un caso paralelo que evidencia la violencia y la impunidad, Javier ‘N’ fue absuelto por el asesinato de Samir Flores Soberanes, defensor comunitario opositor al Proyecto Integral Morelos. La Fiscalía federal presentó pruebas consideradas insuficientes, en un proceso donde dos testigos clave fueron asesinados y agentes ministeriales incurrieron en contradicciones, según reportes de medios.
Por otro lado, el Estado mexicano reconoció parcialmente su responsabilidad en la ejecución extrajudicial de Bonfilio Rubio Villegas y propuso un acuerdo amistoso. Sin embargo, la familia de la víctima exige un reconocimiento expreso de la responsabilidad de las fuerzas armadas en el hecho, lo que mantiene el caso sin una resolución completa.
La solicitud a la CIDH busca un mecanismo de supervisión internacional que documente las causas y dimensiones del desplazamiento forzado, así como la responsabilidad del Estado en la protección de las víctimas. Estos casos reflejan los desafíos persistentes en materia de seguridad, justicia y derechos humanos en México, donde la violencia del crimen organizado y las fallas en las investigaciones oficiales continúan generando graves afectaciones a la población.
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