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Ciudad De México, 07 de abril de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum redobló sus críticas al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, el cual concluye que en México ese delito se comete de manera sistemática y generalizada. La mandataria afirmó que “el Estado mexicano existe y no está rebasado” y negó que la crisis de desaparecidos pueda ser considerada un crimen de lesa humanidad, asegurando que esta definición es “otra cosa” establecida por la ONU que no se adapta a la situación del país.
El Comité emitió un pronunciamiento señalando que los más de 132 mil casos de desaparecidos “podrían constituir crímenes de lesa humanidad” y describió la situación como “una crisis estructural” donde la carga de la búsqueda recae en las familias y no en el Estado. El documento destaca una crisis forense con una estimación de 72,000 restos humanos sin identificar para inicios de 2026, cifra que ha crecido desde los 52,000 calculados en 2021. Además, se estima la existencia de más de 4,500 fosas clandestinas donde se han encontrado más de 6,200 cuerpos y 4,600 restos humanos.
En respuesta, el Gobierno de Sheinbaum realizó un cribado de la información que arroja que solo un tercio de los registros (43,128) correspondería a personas desaparecidas. La presidenta acusó al informe de basarse únicamente en el análisis de unos cuantos casos en cuatro estados y en periodos anteriores a 2018. Por su parte, Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, rectificó que “no se trata de un informe de la ONU, sino de un grupo de expertos que trabajan para ella” y señaló que el análisis se basa en datos de 2009 a 2017, ignorando las acciones realizadas a partir de 2018 por la 4T.
Sin embargo, el presidente del Comité, Juan Pablo Albán, señaló que el análisis examina “la evolución de la situación hasta la actualidad” y que su evaluación no se limita a un periodo específico, integrando información acumulada durante más de una década. El Comité subraya que incorpora datos recientes, destacando las 28,880 desapariciones reportadas del 1 de enero de 2023 al 22 de abril de 2025, y documenta un agravamiento en estados como Guanajuato y Tabasco.
Mientras la cancillería de México calificó el informe de “tendencioso”, la diputada Laura Ballesteros exigió que Rosario Piedra renuncie a la CNDH por su deficiente actuación, anunciando que buscará iniciar un proceso de juicio político en su contra. El diputado Elías Lixa acusó al gobierno federal de modificar la metodología para minimizar las desapariciones y afirmó: “No pueden esconder la realidad bajo un manto de mentiras”.
Frente al rechazo gubernamental, Sara Hernández, integrante del Comité ¡Eureka!, afirmó que la decisión de la ONU de llevar el caso a la Asamblea General es “muy importante” e “histórica”, sosteniendo que rechazar la determinación implicaría “un retroceso lamentable”. La Barra Mexicana de Abogados exhortó al Gobierno de México a atender las recomendaciones del Comité y a no descalificar la decisión, haciendo un llamado para aceptar la ayuda internacional.
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