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Por Redacción
Ciudad De México, 23 de marzo de 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) revocó el estatus de donatarias autorizadas a más de 100 organizaciones de la sociedad civil en México, entre ellas el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). La medida ha generado una discrepancia entre los argumentos del organismo fiscal y las instituciones afectadas, quienes sostienen que cumplieron con los procesos de acreditación correspondientes ante la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).
De acuerdo con la información disponible, al menos 13 organizaciones han sido dadas de baja formalmente, aunque el impacto alcanza a más de un centen de entidades que operan bajo este régimen fiscal. El SAT fundamenta la revocación en la consideración de que la SECIHTI no contaba con las atribuciones legales para acreditar las actividades de dichas organizaciones, invalidando así los certificados presentados por las civiles.
Por su parte, el IMCO aseguró haber cumplido puntualmente con sus obligaciones fiscales y destacó que obtuvo la acreditación requerida por la SECIHTI. La organización cuestiona la decisión del fisco, ya que considera que actuó conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su solicitud. Esta contradicción entre la validez de la acreditación otorgada por la secretaría y la interpretación del SAT marca el centro del conflicto legal y administrativo.
El IMCO presentó una nueva solicitud ante el SAT el 18 de noviembre pasado, buscando regularizar su situación bajo las nuevas disposiciones que exigen acreditar actividades específicas. Sin embargo, los detalles sobre la resolución final de dicha petición no han sido divulgados públicamente, manteniendo la incertidumbre sobre el estatus definitivo de la institución y de las demás organizaciones involucradas.
La lista completa de las más de 100 organizaciones afectadas no ha sido hecha pública de manera detallada, lo que dificulta conocer el alcance exacto en sectores específicos de la sociedad civil. La falta de claridad sobre las fechas específicas de notificación y los criterios particulares aplicados a cada entidad ha sido señalada como un punto de tensión en el entorno de las organizaciones sin fines de lucro.
Este movimiento del SAT se da en un contexto donde diversas voces han alertado sobre narrativas de criminalización contra organizaciones no gubernamentales, aunque no existen datos verificables que vinculen directamente este caso mexicano con tendencias globales reportadas por medios internacionales. La situación permanece a la espera de definiciones administrativas que clarifiquen el marco de operación para las donatarias en el país.