Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo este miércoles la revisión del caso considerado como el más relevante de huachicol fiscal hecho público en el país, involucrando a Édgar Marín Meza Moreno e Irving Espinosa Betanzo. La decisión del máximo tribunal surge después de que un tribunal federal en Veracruz anuló el proceso penal al detectar falta de procedibilidad, específicamente por la ausencia de intervención previa de la Dirección General Jurídica de Aduanas de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y una citación incorrecta durante la audiencia inicial.
De acuerdo con información publicada por el diario La Jornada, la atracción del caso permite a los ministros analizar de fondo las controversias legales que frenaron el avance de la causa en instancias inferiores. El expediente se centra en un presunto desvío de 21.5 millones de litros de diésel, una cifra que dimensiona la magnitud de la operación investigada y que ha puesto bajo escrutinio los mecanismos de persecución de delitos fiscales relacionados con hidrocarburos.
El núcleo de la discusión jurídica que ahora resolverá la SCJN es determinar qué autoridad debe representar el interés fiscal en este tipo de procedimientos: si corresponde al Servicio de Administración Tributaria (SAT) o a la ANAM. Esta definición es crucial para validar la acción penal y evitar que vicios formales en la integración de las carpetas de investigación deriven en la impunidad de los acusados.
La anulación decretada por el tribunal de Veracruz evidenció fallas en el cumplimiento de requisitos de procedibilidad establecidos en la ley aduanera y fiscal. Al no haber participado la dirección jurídica de la ANAM en la etapa correspondiente y existir errores en la notificación a los imputados, la defensa logró frenar el proceso, lo que obligó a la fiscalía a buscar la intervención directa de la Corte para destrabar el conflicto legal.
Con la atracción del asunto, la Suprema Corte establecerá un precedente sobre la interpretación de las facultades entre las autoridades recaudadoras y aduaneras en casos de contrabando de combustibles. El resolutivo final podría modificar la forma en que se integran futuras averiguaciones por huachicol fiscal, exigiendo mayor coordinación institucional para subsanar los vacíos que hasta ahora han permitido la liberación de responsables por tecnicismos legales.
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