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Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- El Senado de la República aprobó el denominado Plan B de la reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, descartando las modificaciones al artículo 35 constitucional que habrían permitido adelantar la consulta de revocación de mandato al año 2027. La votación registrada el 25 de marzo arrojó un resultado de 87 votos a favor y 41 en contra, logrando la mayoría calificada necesaria gracias al respaldo condicionado del Partido del Trabajo (PT).
La aprobación del dictamen estuvo marcada por tensiones al interior de la coalición oficialista conformada por Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Aunque los tres partidos mantuvieron una postura favorable en lo general hacia la iniciativa, el PT presentó una reserva específica para eliminar cualquier cambio relacionado con la revocación de mandato. Esta decisión respondió al desacuerdo de su dirigencia respecto a que el ejercicio se realizara concurrentemente con elecciones federales y estatales, así como a la posibilidad de que la titular del Ejecutivo promoviera su propia permanencia en el cargo.
Alberto Anaya, líder del PT, declaró en tribuna que su partido acompañaría la reforma en términos generales, pero se separaba del contenido referente al artículo 35. Con esta maniobra legislativa, se preservó el modelo actual que establece la revocación de mandato en el cuarto año de gobierno. La votación en contra incluyó a las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), además del voto disidente del senador del PVEM, Luis Melgar.
El contenido aprobado de la reforma se centra en medidas de austeridad dentro del sistema político-electoral. Entre los cambios destacados figura la limitación a un máximo de 15 regidurías en los ayuntamientos, así como la reducción de presupuestos para los congresos locales y el propio Senado. Asimismo, el dictamen contempla ajustes salariales y recortes en las remuneraciones de consejeros, magistrados y funcionarios de los organismos electorales, abarcando una modificación de 103 artículos de la Constitución distribuidos en 46 decretos.
Tras concluir la sesión y aprobar el proyecto en lo particular con las modificaciones aceptadas, la minuta fue turnada a la Cámara de Diputados para continuar con su proceso legislativo. Los legisladores de San Lázaro analizarán el contenido enviado por la cámara alta, donde podrían discutirse nuevas reservas antes de la votación final que requerirá también de una mayoría calificada para su incorporación a la Carta Magna.
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