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Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- El Senado de la República aprobó la reforma electoral conocida como ‘Plan B’, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, tras excluir la propuesta original de adelantar la consulta de revocación de mandato a las elecciones intermedias de 2027. La modificación al dictamen, gestionada principalmente por el Partido del Trabajo (PT), derivó en una minuta que se centra en ajustes de austeridad para congresos locales, ayuntamientos y remuneraciones de funcionarios electorales, dejando intacto el calendario del mecanismo de ratificación popular.
La aprobación en la Cámara alta marcó el fin de un episodio político en el que el Ejecutivo invirtió capital para modificar el marco legal electoral durante la primera mitad del sexenio. Al quedar fuera la reforma al artículo 35 constitucional, se descartó la posibilidad de que la mandataria promoviera un proceso de revocación en el tercer o cuarto año de gestión, manteniéndose las reglas vigentes que ubican dicha consulta hacia el final del periodo presidencial. Morena celebró el aval legislativo como un triunfo contra los privilegios, mientras que fuerzas de oposición como el PAN y el PRI destacaron el bloqueo al adelantamiento de la revocación como una victoria ciudadana.
En el debate previo a la votación, el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Martín Faz, señaló que la exclusión del proceso de revocación de mandato para 2027 representa un punto positivo, particularmente en términos de equidad de la contienda. No obstante, el funcionario advirtió que persiste una complejidad operativa significativa debido a la coincidencia de la renovación de la Cámara de Diputados y la elección judicial en la misma fecha, lo que obligará al organismo a instalar casillas diferenciadas y duplicar personal.
Como parte de los argumentos presentados ante el Senado respecto a los costos operativos, el INE detalló el gasto realizado en concepto de ‘bono electoral’ o retribución por trabajo extraordinario en los tres últimos procesos comiciales. Según el documento entregado por la presidencia del instituto, se pagaron 2,419 millones de pesos en total: 449.2 millones en 2022 durante la revocación de mandato, 964.9 millones en el proceso electoral federal de 2024 y 1,005 millones de pesos en 2025 para la elección del Poder Judicial. El organismo argumentó que eliminar este bono podría resultar más costoso al tener que cubrir esas horas mediante pagos de tiempo extra convencionales.
Tras la aprobación en lo general y en lo particular con la reserva presentada por el PT, la minuta fue remitida a la Cámara de Diputados para su revisión y eventual ratificación. Líderes de la coalición oficialista, incluyendo a Alberto Anaya del Partido del Trabajo, confirmaron que la decisión de eliminar la modificación sobre la revocación fue una condición para avalar el resto de la iniciativa enfocada en la reducción de presupuestos y topes salariales para autoridades electorales. Con este desenlace, la reforma aprobada modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución, enfocándose exclusivamente en ahorros presupuestales y dejando atrás la reconfiguración profunda del sistema electoral que buscaba la presidenta.
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