el conteo definitivo de votos comienza en méxico entre impugnaciones de la oposición
Por Redacción
México, 18 de marzo de 2026.- El Senado de la República recibió este martes la iniciativa de Reforma Electoral conocida como “Plan B” enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que incluye una reducción en el número de regidores municipales, topes presupuestales para los congresos locales y modificaciones al proceso de revocación de mandato que permitirían a la titular del Ejecutivo hacer campaña. La propuesta llega tras el rechazo del llamado “Plan A” en la Cámara de Diputados y debe ser aprobada antes de septiembre debido a restricciones constitucionales.
Entre los puntos centrales de la iniciativa, que aún no ha sido difundida en su texto completo, se encuentra la reducción del número de regidores por municipio, pasando de un rango que oscilaba entre 7 y 15, y la eliminación del principio de paridad de género en estas regidurías. Además, establece un tope del 0.7% del presupuesto estatal para el gasto de los congresos locales y fija topes salariales para funcionarios de los organismos electorales.
En materia de revocación de mandato, el proyecto adelanta el plazo para su realización al tercer año de gobierno y autoriza explícitamente a la Presidenta de la República a realizar campaña en dicho proceso, utilizando recursos que la iniciativa no especifica. El senador Ricardo Monreal, coordinador de Morena, defendió la propuesta como una medida de austeridad republicana y adelantó que vendrá acompañada de una reforma judicial complementaria.
El PVEM, a través de su coordinador Manuel Velasco, anunció su apoyo “unánime” al Plan B. Sin embargo, esta afirmación presenta una contradicción, ya que el senador Luis Armando Melgar, también del PVEM, no ratificó su voto y solicitó una revisión previa de la iniciativa. Por su parte, la oposición, encabezada por Kenia López Rabadán del PAN, calificó la reforma como un intento de concentrar poder y debilitar los contrapesos democráticos, advirtiendo que busca “institucionalizar el autoritarismo”.
El contexto de la propuesta se enmarca en las 741 investigaciones iniciadas en 2025 por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL). La administración de Sheinbaum argumenta que los cambios buscan eficientar el gasto y fortalecer la fiscalización. La iniciativa deberá ser discutida y votada en el Senado y luego pasar a la Cámara de Diputados en un proceso legislativo que se anticipa polarizado, mientras la oposición exige transparencia y un debate amplio sobre sus implicaciones para el sistema electoral mexicano.
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