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Por Redacción
México., 16 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este lunes un nuevo paquete de reformas electorales, conocido como ‘Plan B’, enfocado en reducir el presupuesto de los congresos locales y el número de regidores en los municipios, con el objetivo de reorientar esos recursos hacia obra pública en estados y ayuntamientos. La iniciativa será enviada formalmente al Congreso de la Unión este martes 17 de marzo, luego de que una propuesta más ambiciosa, el ‘Plan A’, fuera rechazada el pasado 11 de marzo incluso por aliados de Morena como el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
La mandataria señaló que el propósito central de esta nueva propuesta es que los recursos que se ahorren con los recortes a las legislaturas estatales y al Senado de la República, así como con la reducción de regidores, se queden en los municipios y entidades federativas para ser invertidos en infraestructura. “El objetivo es reorientar presupuesto de congresos locales, el Senado y reducir regidores, para que esos recursos se queden en municipios y estados para obra pública”, declaró Sheinbaum desde Palacio Nacional.
Análisis editoriales estiman que el ahorro aproximado que se busca con estas medidas podría alcanzar los 4,000 millones de pesos. Reportes periodísticos ilustran la disparidad en los costos actuales, señalando, por ejemplo, que el gasto por legislador en Baja California asciende a 34.9 millones de pesos, mientras que en Colima es de 5.2 millones. La propuesta representa un acuerdo con el PT y el PVEM, partidos que habían bloqueado la iniciativa anterior, la cual, según análisis, incluía una reducción más drástica de la Cámara de Diputados federal de 500 a 400 integrantes.
Sheinbaum también mencionó que, si bien este ‘Plan B’ se centra en los ámbitos estatal y municipal, su gobierno mantendrá la intención de disminuir el ingreso económico a los partidos políticos a nivel federal, un objetivo que no se logró incluir en la presente iniciativa. “Seguiremos insistiendo en reducir privilegios a partidos políticos”, afirmó. Sin embargo, algunas voces críticas han caracterizado la reforma como una carga de austeridad para estados y municipios que vulnera el federalismo, al tiempo que ‘salva’ a instituciones federales como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El contexto político inmediato muestra que este nuevo esfuerzo legislativo busca superar el impasse generado hace apenas cinco días, cuando la oposición interna de sus aliados obligó al gobierno a reformular su estrategia. El anuncio se dio tras un fin de semana de negociaciones con las dirigencias del PT y el Verde. El proceso de aprobación en el Congreso, así como la postura detallada de los partidos de oposición, aún están por definirse, al igual que el mecanismo legal para garantizar que los ahorros sean efectivamente etiquetados para obra pública.
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