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Por Redacción
La República, 18 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum impulsa una reforma electoral denominada ‘Plan B’ que modificaría la Constitución en el marco de las elecciones de 2027, generando críticas de partidos opositores que advierten sobre un posible uso de tiempos oficiales para campaña gubernamental y afectación a la autonomía municipal. La iniciativa se discute en el Senado mientras Morena cuenta con el apoyo de sus aliados PVEM y PT, aunque la oposición del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano asegura que debilita la democracia.
La reforma constitucional propuesta por el gobierno federal llega en un contexto electoral crucial que incluirá la renovación de 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados, congresos locales y presidencias municipales. Sheinbaum ha defendido la medida como democrática, mientras sus críticos la califican de autoritaria.
El expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, manifestó preocupación por el impacto de la iniciativa en la autonomía de los organismos electorales. “Cualquier reforma que limite la independencia de las instituciones electorales representa un riesgo para la democracia”, señaló el exconsejero desde su perspectiva técnica.
Por su parte, Alejandro Moreno, líder del PRI, acusó a Morena de buscar una “hegemonía política” a través de cambios que beneficiarían al partido en el poder. “Esto no es una reforma electoral, es un intento por concentrar aún más el poder”, afirmó el dirigente priista en sus declaraciones a medios.
Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, coincidió en señalar los riesgos de la iniciativa. “Permitir que el gobierno use tiempos oficiales con fines electorales rompe el equilibrio democrático”, expresó el coordinador parlamentario, quien adelantó que su partido analizará acciones legales contra la reforma.
El gobierno de Sheinbaum mantiene una popularidad cercana al 70%, según diversas encuestas, lo que según analistas políticos le daría ventaja en las negociaciones legislativas. La discusión de la reforma coincide con la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), agregando complejidad al escenario político nacional.
La falta de consenso sobre el texto completo de la iniciativa y los artículos constitucionales específicos a modificar mantiene en incertidumbre el proceso, mientras la oposición promueve una amplia discusión pública antes de cualquier votación en el Congreso.
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