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Ciudad De México, 29 de marzo de 2026.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó este viernes el fallecimiento de un ciudadano mexicano bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de California, con lo que ascienden a 14 los casos de connacionales muertos en instalaciones de dicha agencia durante el segundo periodo presidencial de Donald Trump. El deceso se registró la noche del 25 de marzo en el Centro de Procesamiento de Adelanto, aunque la identidad del fallecido y la causa específica de su muerte no han sido reveladas por las autoridades.
Según el comunicado oficial emitido por la SRE, la víctima fue trasladada a un hospital en Victorville, California, donde perdió la vida sin que se precisaran las circunstancias del traslado ni los detalles forenses. Ante este hecho, el Consulado de México en San Bernardino activó de inmediato el protocolo consular para establecer contacto con los familiares del fallecido y mantener comunicación con las autoridades estadounidenses para conocer el expediente médico completo.
La situación ha generado una respuesta directa desde el ejecutivo federal. Durante su conferencia de prensa matutina del 25 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó las muertes de mexicanos bajo custodia del ICE y afirmó que la defensa de los derechos humanos es un tema recurrente en sus comunicaciones con el mandatario estadounidense. Sheinbaum señaló que, aunque la respuesta de Washington indica que habrá investigaciones y peritajes, México seguirá insistiendo en que se esclarezcan las causas de los fallecimientos.
Este nuevo caso ocurre en un contexto de endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos, que incluye la ampliación del muro fronterizo mediante el programa One Big Beautiful Bill. Al respecto, la mandataria mexicana sostuvo que existen otros mecanismos más efectivos para disminuir la migración, como la cooperación para el desarrollo, enfatizando que la gente migra por necesidad y que la mejor forma de apoyarla es garantizando su bienestar.
Además de las muertes reportadas, la crisis migratoria afecta a sectores vulnerables como los pueblos originarios. Datos de la SRE indican que hay al menos 491 mil indígenas y 63 mil afromexicanos viviendo en Estados Unidos, muchos de los cuales enfrentan barreras lingüísticas para acceder a la justicia o defenderse legalmente. Simultáneamente, nuevas reglas de la administración Trump permiten la entrada de al menos 150 mil trabajadores agrícolas extranjeros con visas H-2A, pero reducen sus salarios entre un 26 y un 32 por ciento, según cifras del Economic Policy Institute.
En el ámbito judicial, la jueza federal Sheri Polster Chappell ordenó recientemente al ICE permitir el acceso de abogados a los migrantes detenidos en el centro conocido como Alligator Alcatraz en Florida, tras demandas de organizaciones civiles por violaciones al debido proceso. Por otro lado, ciudadanos deportados irregularmente han comenzado a tomar acciones legales; el venezolano Neiyerver Adrián León Rengel demandó al gobierno de EE.UU. por 1.3 millones de dólares tras ser enviado a una cárcel en El Salvador, alegando daños y perjuicios por la negación sistemática de su derecho al debido proceso.
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