Washington, 25 de marzo de 2026.- El Tribunal Supremo de Estados Unidos celebró este martes una audiencia clave para evaluar la legalidad de las nuevas restricciones al asilo migratorio impulsadas por la administración de Donald Trump, en un contexto marcado por el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en 14 aeropuertos del país y contradicciones judiciales sobre deportaciones.
Durante la sesión, los magistrados, incluidos el presidente John G. Roberts Jr. y Amy Coney Barrett, escucharon argumentos sobre la política de asilo que busca limitar la protección a migrantes en la frontera. La inclinación de la corte durante la audiencia sugiere un posible respaldo a las medidas ejecutivas, aunque la votación final y el resultado definitivo aún no han sido hechos públicos.
Paralelamente a los procesos judiciales, la operación migratoria se ha intensificado con la presencia de ICE en terminales aéreas. Mariza Marín, directora del Puerto de San Ysidro de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), emitió comunicados oficiales respecto al flujo en la frontera, mientras Tom Homan, asesor migratorio del trumpismo, realizó declaraciones políticas defendiendo el endurecimiento de las normas.
En medio de la ofensiva federal, surgieron contradicciones legales destacadas. La jueza federal Dena Coggins ordenó el regreso a territorio estadounidense de María de Jesús Estrada Juárez, una migrante protegida por el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), cuya deportación había sido ejecutada por la administración. Este fallo contrasta con la estrategia general de expulsión promovida por el Ejecutivo.
Por su parte, el gobierno de México reportó cifras de asistencia a sus connacionales afectados por las medidas. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, informó que el programa ‘México te Abraza’ ha atendido a 189,830 mexicanos hasta el 18 de marzo de 2026. No obstante, existen cuestionamientos en medios locales sobre la efectividad y transparencia de dichos programas de apoyo a deportados.
La situación ha generado también litigios en otros estados, como Minnesota, donde se presentó una demanda relacionada con tiroteos involving agentes de ICE, aunque la identidad completa de los oficiales involucrados no ha sido revelada en los documentos públicos disponibles. Asimismo, se mantiene la incertidumbre sobre el nombre oficial y la fecha exacta de la orden que eliminó un programa de asistencia legal para migrantes.
El escenario actual refleja un endurecimiento multisectorial de la política migratoria bajo el segundo mandato de Trump, combinando acciones judiciales en la más alta corte, operativos de captura en infraestructura crítica y deportaciones que colisionan con órdenes de protección individual, mientras los gobiernos de ambos lados de la frontera gestionan las consecuencias humanitarias y diplomáticas del flujo migratorio.
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